El Congreso del Estado de Chihuahua ha decidido enviar una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, que busca modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Fiscalía General de la República y la Ley General de Educación. El objetivo de esta iniciativa es establecer convenios de colaboración entre los cuerpos de seguridad pública y las instituciones educativas, con el fin de impartir talleres sobre prevención del delito, civismo y cultura de la legalidad. Además, se han reformado la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley Estatal de Educación.

La diputada Nancy Frías Frías, quien forma parte de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, así como de Educación, Cultura Física y Deporte, aseguró que estas reformas no afectan el principio de autonomía de los centros escolares ni invaden las atribuciones pedagógicas de la Secretaría de Educación y Deporte. Frías Frías enfatizó que la reforma se basa en un enfoque de corresponsabilidad voluntaria, lo que significa que la entrada de elementos de seguridad a los planteles educativos estará sujeta a la firma de convenios institucionales y a la solicitud de los directivos y comités de padres de familia.

La diputada también destacó que los entornos escolares no son ajenos a la descomposición social. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), existe una alarmante desconfianza de la juventud hacia las policías, con niveles de confianza de solo 25.3% para las corporaciones municipales y 27.8% para las estatales.

Además, mencionó que las métricas de la Secretaría de Educación Pública y UNICEF indican que 7 de cada 10 estudiantes en el país han sido testigos o han vivido situaciones de acoso escolar. Factores de riesgo como el sexting, la violencia familiar, las adicciones, el ciberdelito, el abuso sexual infantil y la captación por parte de grupos delictivos han permeado en los planteles educativos. Esta situación obliga al Estado a intervenir de manera oportuna, antes de que las conductas antisociales se conviertan en delitos.