Chihuahua
Fijan fecha de audiencia del gobernador con antorchistas
Un nutrido grupo de antorchistas, representantes de más de 9 mil familias, solicitaron hoy, una vez más, una fecha de audiencia con el gobernador César Duarte Jáquez, a fin de pedir intervención ante la falta de cumplimiento de compromisos contraídos por varios funcionarios de su administración.
Los incumplimientos están en la Secretaría de Fomento Social, en el Instituto de la Vivienda, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y en la Junta Central de Agua y Saneamiento.
Antonio Escamilla Meza, representante estatal de los antorchistas, sostuvo que los titulares de dichas dependencias estatales, se comprometieron a realizar obras, programas o acciones para resolver parte del pliego petitorio antorchista, ante la presencia del secretario General de Gobierno y con el conocimiento del propio gobernador Duarte, durante reuniones de trabajo realizadas en febrero pasado,
El pliego petitorio referido fue entregado en el despacho del Ejecutivo estatal desde noviembre del 2010; sin embargo, enfatizó Escamilla Meza, “muchos de esos compromisos no se han cumplido, con lo que se provocó malestar entre los posibles”. Algunos de esos compromisos son:
*Introducción de agua potable en La Noria, Los Mezquites, Granjas Cerro Grande parte Soto, Ampliación Lealtad I, segunda etapa de la Noria, Ampliación Crucero, Ampliación Valle Dorado, Praderas, Jorge Barouse y Ampliación 11 de febrero, así como 350 tomas domiciliarias, todo esto en la capital del estado.
*200 lotes a bajo costo y en facilidades de pago para vivienda popular, para varios municipios.
*Cuatro salones de usos múltiples.
*Programa alimentario mensual para familias en situación de pobreza.
*Paquetes subsidiados de material para vivienda de familias de escasos recursos económicos.
*Terreno y construcción del Jardín de niños “Rayenari” en La Soledad, de esta capital.
El contingente fue recibido este miércoles en uno de los salones del Palacio de gobierno, directamente por parte de Raymundo Romero titular de la Secretaría General.
“La fecha tentativa para que el gobernador reciba a los representantes de Antorcha será el 23 de mayo; de inmediato deberá arrancar el programa de mejoramiento a la vivienda del IVI previa reunión de trabajo a celebrarse mañana en las oficinas de ese instituto; los demás compromisos de las otras dependencias se revisarán el viernes en mis oficinas a las 10 de la mañana, porque los compromisos que se hayan establecido deberán cumplirse”, así lo informó Raymundo Romero a los manifestantes.
Antonio Escamilla, por su parte, agradeció al secretario General su disposición al diálogo y, sobre todo, a resolver la problemática planteada por la organización antorchista.
“Estaremos pendientes de que los compromisos se cumplan para que, en caso de que se dé marcha atrás, volvamos a exigir para que los servidores públicos cumplan con su palabra. Esperamos que la audiencia con el gobernador en verdad se realice el 23 de mayo para que, si para esa fecha quedan pendientes por resolver, podamos pedirle su decidida intervención, por lo pronto, estemos alertas a cualquier llamado de nuestra dirigencia para futuras movilizaciones”, finalizó el líder de los antorchistas chihuahuenses.
Chihuahua
Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua
Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.
El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.
En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.
¿De qué se acusa a César Jáuregui?
Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.
El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.
Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.
¿Cómo se autorizó la orden de captura?
El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.
Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.
La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.
Lo que todavía falta por esclarecer
Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.
Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.
La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.
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