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Política

Acusan a exgobernador de Aguascalientes por repartir concesiones de taxis

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Antes de concluir su administración, el exgobernador por el PRI de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, benefició con una concesión de taxis a cercanos colaboradores, parientes de políticos, panistas, diputados y exdiputados locales, a hijos de cantantes, y hasta al hijo del ex rector de la Universidad Autónoma del estado.

Según datos de la pesquisa, de los más de cuatro mil 273 expedientes, se detectaron irregularidades en 418 concesiones, mismas que se encuentran en proceso de verificación; entre los beneficiados aparecen la ex alcaldesa priista del municipio de San Francisco de los Romos, Margarita Gallegos Soto, a quien se le otorgó la concesión número 3896.

También figura la exdiputada María del Carmen Eudave Ruiz, con la concesión número 3897; Emmanuel Evan García Ibarra, ex jefe de departamento de diseño turístico y director de imagen institucional del gobierno del estado, a quien se le dio la concesión 3859; Mauro Chávez Silva, ex regidor del PRI del Ayuntamiento de Tepezalá, administración 2014-2016”.

Antonio Alberto Martínez Rodríguez, ex alcalde de San José de Gracia por el PANAL; Carlos Armando de Luna Loera, ex alcalde de Jesús María por el PRI; Carlos Fernando Ovalle García, hermano de Francisco Ovalle, quien fue ex diputado por el tricolor; Antonio Eduardo Penna Neaves, primo de Carlos Penna Charolet, ex director de radio y televisión de Aguascalientes.

 

Excelsior

 

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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