La propuesta del gobierno de Donald Trump de pagar millones de dólares al gobierno mexicano para deportar a migrantes sin documentos “sería un trato arriesgado que no debe permitirse”, alerta Amnistía Internacional.

“Sería completamente inadmisible que un país con los recursos que tiene los Estados Unidos transfiera sus obligaciones internacionales para proteger vidas humanas y creara un muro de inhumanidad junto con México,” expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Tras la divulgación en medios estadounidenses sobre la supuesta propuesta de Trump al Congreso de Estados Unidos de otorgar 20 millones de dólares de asistencia al gobierno mexicano para la deportación de al menos 17 mil personas migrantes sin documentos.

Si bien representantes del gobierno mexicano han aclarado que se rehúsan a recibir este dinero de los Estados Unidos, Amnistía Internacional resalta que, con la Iniciativa Mérida, “no hay garantía que los fondos asignados para deportaciones no sean usados, y estas promesas verbales necesitan ser acompañadas de acciones concretas”.

Los fondos propuestos para deportaciones se incluirían en la Iniciativa Mérida, un paquete de cooperación internacional de los Estados Unidos a México que se actualiza de manera anual en el Congreso de los Estados Unidos. Esta sería la primera vez que fondos fueran explícitamente asignados para deportaciones como parte de la Iniciativa Mérida.

“En lugar de enfocarse en una cooperación internacional que atiende a la crisis de derechos humanos en la región, México y los Estados Unidos continúan discutiendo maneras de aumentar las detenciones y deportaciones de familias y personas que huyen de países azotados por la violencia como El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Honduras, sin mencionar a personas refugiadas de otros países del mundo.”

Amnistía Internacional recuerda que ha insistido al gobierno mexicano sobre su incumplimiento “recurrente” sus obligaciones, contraídas en virtud de tratados internacionales, de respetar los derechos de las personas que requieren protección internacional.