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Política

Andrés Manuel López Obrador reta a Núñez con servicio de luz

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Rotulados con el nombre de su partido político, Morena, y las frases “La Esperanza de México. Brigada de Resistencia Civil”, 60 camionetas adquiridas por el partido de Andrés Manuel López Obrador se alistan para retar a los gobiernos federal y de Tabasco, al ayudar a 299 mil 248 tabasqueños que adeudan el servicio de luz, a violar la Ley de la Energía Eléctrica y ayudarles a robarse la luz, con los llamados diablitos.

La Ley de la Energía Eléctrica, producto de la Reforma Energética, establece que los ciudadanos que roben la luz tendrán que pagar hasta tres veces el monto de la energía desde la fecha en que dejó de pagarla; amén de que se aplica una multa de hasta 3.5 millones de pesos por los diablitos.

“Con una multa de diez mil a 50 mil salarios mínimos por consumir, a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medición o control del suministro eléctrico”, precisa.

Pero además deja claro que se sancionará a quien “haga uso de su influencia o poder político, reales o ficticios, sobre cualquier servidor público, personal o consejeros de las empresas productivas del Estado, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación de las personas involucradas o del resultado”.

Desde redes sociales, diversos grupos sociales de Tabasco han dado a conocer que será el próximo lunes 23 de noviembre cuando Andrés Manuel López Obrador dé el banderazo de salida de estas 60 camionetas identificadas como “Comisión Electricidad” y que son coordinadas por el senador con licencia Adán Augusto López Hernández y que tienen el propósito de acercarse a los tabasqueños que no quisieron firmar el convenio entre Tabasco y CFE para condonar los adeudos históricos de la población.

En el año 2007, como parte de su protesta poselectoral, después de perder las elecciones presidenciales en 2006, Andrés Manuel López Obrador impulsó que no se pagara la energía eléctrica en Tabasco, lo cual generó un aumento considerable de deudores del servicio, pero que hace unos meses el gobierno de Arturo Núñez logró un acuerdo con la CFE para condonar el adeudo de 577 mil usuarios, que acumulaban un pasivo de nueve mil 300 millones de pesos.

La información oficial del gobierno del estado de Tabasco establece que hasta el 6 de noviembre 277 mil 752 usuarios había firmado el convenio para regularizar sus adeudos.

Pero ahora, Andrés Manuel López Obrador, quien rompió definitivamente con el gobierno de Núñez, organizó esta llamada resistencia civil para que los 299 mil 248 usuarios que no se han regularizado se mantengan sin pagar el servicio, con el compromiso de que él y Adán Augusto López Hernández se comprometen a conectarles el servicio, en los mismos postes de la CFE, ya que el plazo para la regularización vence el 31 de diciembre.

La campaña de AMLO se inscribe también en el contexto de la repetición del proceso electoral en el municipio de Centro, en el que Morena quedó en tercer lugar, superado por el triunfo del PRD y la alianza PRI-Verde en el segundo lugar de las preferencias electorales.

Rompe el silencio

Hace unos días, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, rompió el silencio y le respondió de manera directa a su examigo y exaliado Andrés Manuel López Obrador, quien lleva meses persiguiéndolo con un discurso duro y despiadado luego del magro resultado electoral de Morena en Tabasco, donde lo menos que le ha dicho el excandidato presidencial es “mapache electoral” y “traidor” y que “es peor que Roberto Madrazo, Manuel Andrade y Andrés Granier”.

El gobernador de Tabasco declaró: “Fui respetuoso en congruencia con mi propia biografía en el tema electoral y los resultados son los que reportó el trabajo de cada quien y a partir de ahí vino un enojo, una cólera que no ha cesado que la ha escalado Andrés Manuel, pero seguramente si se sienta a reflexionar y hace un poco de autocrítica pondrá las cosas en su lugar”.

Núñez dijo que la ruptura con su paisano va en serio y descartó una reconciliación con López Obrador en lo inmediato, por lo que es poco probable que puedan sentarse a platicar o tomar un café pues se siente muy agraviado y no se considera merecedor de los calificativos del líder de Morena.

Arturo Núñez, quien fue el primer director del antiguo IFE, sostuvo que como gobernador no se metió en la elección, sino que fueron las autoridades electorales nuevas quienes las manejaron y a las que apostó, toda vez que no son incondicionales del gobernador.

Ante una posible reconciliación, Núñez dijo: “Estoy muy agraviado, porque de ninguna manera me considero merecedor de los calificativos”.

Con información de Excélsior

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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