Una coalición de 18 estados de Estados Unidos apoyó este jueves una demanda que pide frenar la deportación de cientos de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) después de que el amparo migratorio expire.

Los fiscales de esos estados presentaron un documento de «amicus curiae» (amigo de la corte) para respaldar una querella que alega que la reciente terminación del TPS para nativos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán viola sus derechos al debido proceso.

El «amicus curiae» es una figura jurídica que permite a actores ajenos a un juicio ofrecer razonamientos jurídicos y consideraciones vinculadas con los hechos de un caso.

Los fiscales calificaron, además, de discriminatoria la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de acabar con esos permisos, y consideraron que fue impulsada por el punto de vista «racista» del presidente estadounidense, Donald Trump.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, que lidera la coalición, señaló que los beneficiarios de TPS «han seguido las reglas y probado el valor de esa protección».

«No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestros vecinos y colegas son arrancados de sus familias. Continuaremos luchando por los titulares de TPS, nuestra seguridad pública y nuestra economía próspera», apuntó Becerra en un comunicado.

Los fiscales, además, recordaron que muchos beneficiarios de TPS han vivido en Estados Unidos «durante una década o más» y han creado familias y empresas, comprado casas y contribuido significativamente a sus comunidades.

En los últimos meses, el Gobierno de Trump ha arrebatado la protección del TPS a 55 mil hondureños, 195 mil salvadoreños y 50 mil haitianos, entre otros, a los que ha dado entre 12 y 18 meses para que regresen a sus países o que cambien su estatus migratorio.

Una vez superadas las fechas límites, la administración Trump podría deportar legalmente a todas esas personas sin amparo migratorio.

El TPS es un programa creado en 1990 con el que EEUU concede permisos de residencia de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.