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Aprueba Rusia cárcel a organizadores de manifestaciones a las que acudan menores

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Rusia ha dado el último paso para prohibir a los menores participar en manifestaciones no autorizadas. El presidente Vladímir Putin ha firmado la ley que contempla penas de 15 días de cárcel y hasta 14.000 euros de multa para los organizadores de protestas y marchas que no tengan autorización gubernamental y que “involucren a menores de edad”.

Los jóvenes han encabezado y tomado un lugar muy destacado en las manifestaciones antigubernamentales lideradas por el líder de la oposición parlamentaria Alexéi Navalni desde principios de 2017. Y en sus marchas, nunca autorizadas, han sido detenidos cientos de ellos. Sobre todo tras las elecciones de marzo. En las marchas contra la toma de posesión de Putin, las autoridades detuvieron a chicos de 12 años. Y la imagen se volvió a repetir en las manifestaciones contra la reforma de las pensiones.

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El Kremlin suele acusar a Navalni de “engañar” a los menores —incluso han llegado a difundir la idea de que ofrece dinero por acudir— para que participen en sus manifestaciones. Así que el propio Navalni, que se ha convertido en la voz más crítica contra Putin dentro de Rusia, ha llegado a afirmar que la controvertida ley se dirige “especialmente” contra él.

Las manifestaciones convocadas por el opositor y su nutrido equipo digital, como la mayoría de las protestas en general, no logran la autorización oficial. Pero eso no es una traba para que los jóvenes —en contraste con sus progenitores, que suelen tener miedo a manifestar sus opiniones políticas o salir a la calle— se signifiquen políticamente.

Al aprobar la nueva ley, la Duma (el Parlamento ruso), explicó que los menores deben mantenerse alejados de las manifestaciones “para evitar daños en su salud”. En la Cámara, la norma también ha recibido algunas críticas, como la del diputado del Partido Comunista Alexey Kurinniy, que alertó de que tiene una “interpretación y una aplicación muy amplias” y que esto puede llevar a que las autoridades la apliquen «de manera selectiva».

Putin lleva 19 años en el poder y muchos jóvenes no han conocido otro líder. Es entre los jóvenes donde se encuentran algunos de sus más fervientes seguidores. Pero entre la juventud urbana no tiene tanto empuje. Ni mucho menos.

El Kremlin parece tener pánico a que los sentimientos de disidencia crezcan entre la juventud rusa. Y en los últimos meses también ha habido un aumento de los arrestos de jóvenes rusos por cargos de extremismo por compartir o almacenar en las redes sociales material considerado extremista. Los casos por extremismo han aumentado significativamente en los tribunales rusos de 656 en 2010 a más de 1.500 el año pasado.

El País

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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