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Aprueban ley que anula matrimonio homosexual en Bermudas

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El gobernante Partido Laboral Progresista (PLP), en el poder desde hace cerca de 5 meses, puso fin al matrimonio homosexual en Bermudas al apoyar la aprobación de una polémica ley, divulgada hoy y que establece en su lugar una nueva figura de uniones entre personas del mismo sexo.

La nueva normativa no tendrá, sin embargo, efecto retroactivo sobre las parejas homosexuales que se han casado durante este año.
«Tal como estaba hasta ahora, podían -las personas del mismo sexo- tener el nombre de matrimonio pero sin sus beneficios. Después de la aprobación de esta ley tienen los beneficios pero no el nombre de matrimonio. Los beneficios es lo que realmente quieren», dijo el legislador del PLP Lawrence Scott.

La ley termina con una norma muy avanzada que permitió que el 3 de junio pasado dos mujeres se casaran en el Registro General de la capital de Bermudas, convirtiéndose en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio en ese archipiélago, territorio británico de ultramar situado en el Atlántico Norte y miembro de la comunidad del Caribe (Caricom).

La nueva norma, Ley de Asociación Doméstica 2017, que «tumba» los matrimonios entre personas del mismo sexo en Bermudas básicamente reconoce a los dos contrayentes -del mismo sexo- los mismos derechos de que disfruta una pareja formada por hombre y mujer casados en ese pequeño territorio del Atlántico.

Hay, sin embargo, tres diferencias fundamentales entre el matrimonio establecido entre hombre y mujer y la pareja con miembros del mismo sexo que se acoja ahora a la nueva Ley de Asociación Doméstica 2017.

La primera es que bajo la Ley de Asociación Doméstica 2017 solo las personas mayores de 18 años pueden acogerse a este estatus, mientras que bajo la Ley de Causas Matrimoniales, la «común» para parejas de diferente sexo, se permite que las personas de entre 16 y 18 años pueden casarse con el consentimiento de los padres.

La segunda diferencia es que de acuerdo con la Ley de Asociación Doméstica de 2017 la pareja no podrá divorciarse en caso de adulterio de una de las dos partes, a diferencia de la Ley de Causas Matrimoniales para enlaces entre hombre y mujer, donde el adulterio es motivo de divorcio.

La tercera diferencia fundamental es que en el caso de una boda entre hombre y mujer, el maestro de ceremonias debe ser una persona legalmente designada para ello, mientras que bajo la Ley de Asociación Doméstica de 2017 lo hará un individuo que cumpla esas funciones pero en ningún caso debe poseer reconocimiento legal.

Los detractores de la medida alertaron de que la nueva ley afectará a la economía local, en concreto a los cruceros que hacen escala en Hamilton, que hace meses comenzaron a ofrecer ceremonias matrimoniales del mismo sexo.

Un crucero desde agosto oferta bodas legales entre personas del mismo sexo luego de la decisión del pasado mes de mayo.

La Comisión de Derechos Humanos y la Alianza Arcoiris de Bermudas se sumaron a las criticas, además de asegurar que se trata de una «eliminación de derechos» para las parejas homosexuales.

«Existe el matrimonio legal entre personas del mismo sexo en las Bermudas y se han celebrado varios matrimonios, por lo que el Gobierno le está quitando un derecho que existe», apuntó el abogado Rod Attride-Stirling, quien ha tratado varios casos de personas del mismo sexo que querían casarse.

«El hecho de que ningún país en el mundo haya hecho esto debería hacernos pensar. No podemos permitirnos esto», subrayó.

El ministro de Asuntos Internos de Bermudas, Walton Brown, quien presentó el proyecto de ley, sostuvo que la nueva norma ofrece a las parejas del mismo sexo una serie de derechos legales, aunque pone fin a los matrimonios.

«Necesitamos encontrar la forma de que Bermudas abrace plenamente los derechos de todos los miembros de la comunidad», indicó Brown.

La ministra de Asuntos del Interior, Patricia Gordon-Pamplin, afirmó que no podía apoyar una iniciativa que arrebata derechos adquiridos a un colectivo.

El matrimonio entre personas del mismo sexo era posible hasta ahora en Bermudas después de un fallo histórico de su Corte Suprema a favor de las bodas entre personas del mismo sexo, el 5 de mayo pasado.

Sobre el asunto se celebró en junio pasado una consulta -no vinculante- en la que la población de Bermudas rechazó el matrimonio entre personas del mismo sexo, por un 69 % en contra frente al 31 % a favor.

En la consulta votaron 20.804 de los 44.367 registrados, por debajo del requisito del 50 %, lo que provocó que el referéndum no se considerara válido.

La nueva normativa fue aprobada con el voto de 24 parlamentarios que respaldaron el proyecto de ley y 10 que lo hicieron en contra.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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