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Apuran el paso para repartir 176 millones de libros de texto

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Entregar 176 millones de libros de texto en 45 días. Ese es el reto que enfrenta la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México y que debe cumplir antes del inicio de cursos el próximo 26 de agosto. Los materiales didácticos beneficiarán a 25,7 millones de alumnos y a 1,4 millones de docentes en 186.000 escuelas.

Las autoridades han descartado las dudas sobre la capacidad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha iniciado su sexenio el pasado 1 de diciembre, de solventar esta apoteósica tarea y aseguran que 150 millones de libros llegarán a los 32 Estados del país durante el mes de julio y que el reparto se terminará en agosto. «Habrá libros en tiempo y forma», afirma Antonio Meza, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).

La Conaliteg asegura que ha logrado sobreponerse a un atraso de tres meses en comparación con los tiempos habituales. Los libros se comisionan, normalmente, en enero, pero esta vez el proceso se recorrió hasta abril. La demora se debió en parte por el cambio de Gobierno y la necesidad de consolidar las compras de insumos y las licitaciones con los proveedores. «Ha habido muchas afirmaciones peregrinas», señala Meza, un experimentado funcionario que ya ocupó el cargo entre 1994 y 1999, en el Gobierno de Ernesto Zedillo. «En esta Administración se han pisado muchos callos hablando en términos económicos, personas que se llevaban licitaciones previamente asignadas o directamente sin licitación, ellos son básicamente los que están molestos», asegura.

La Conaliteg ha buscado el apoyo de las Fuerzas Armadas y de otras dependencias gubernamentales, que han colaborado para llevar los materiales a las zonas del país a las que es más difícil llegar. Y alrededor de 600 trabajadores trabajan a marchas forzadas para lograr el reparto desde los dos centros de distribución de Querétaro —que atiende a la zona norte del territorio— y de Tlalnepantla —que sirve al centro y sur del país—. Desde ahí, los libros se empaquetan, se envían a cada uno de los 367 centros regionales y llegan igual a las sinuosas carreteras de Sinaloa que a las montañas de Guerrero o a la populosa capital.

La SEP debe garantizar el abasto de libros de forma gratuita a todos los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y telebachillerato, así como a escuelas de tiempo completo y centros de convivencia escolar. Tiene además publicaciones en sistema braille y en tamaño aumentado para que personas con debilidad visual e invidentes puedan tener acceso a la educación.

Pero quizás el ejemplo más claro de la complejidad de cumplir con esta tarea es la obligación de garantizar materiales en cada una de las lenguas nacionales del país. Se publican materiales en más de 60 idiomas y 120 variantes. Los tirajes pueden ser tan variados como los 300.000 ejemplares que se imprimen en náhuatl, la lengua indígena más hablada a la fecha, o los poco más de 1.000 que se producen en idioma popoloca, asentados los Estados de Puebla y Oaxaca.

En un país de más de 120 millones de habitantes y casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie, montañas de libros se alistan para llegar en el curso 2019-2020. «Es una carrera contra el tiempo», afirma Meza.Tan solo en julio, el Gobierno mexicano enviará hasta cuatro millones de ejemplares diarios y espera producir 32 millones de libros adicionales antes de que termine 2019 para preparar el suministro de los próximos dos años.

Fuente: El País

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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