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Aumentan muertos por disparos de policías en 2017 en EEUU

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Agentes de policía estadunidenses abatieron a casi mil personas en 2017, una cifra ligeramente superior a la del año anterior, según un recuento publicado este lunes por The Washington Post.

En total, 987 personas perdieron la vida por disparos de policías el año pasado, frente a 963 en 2016 y 995 en 2015, indicó el diario, que lleva la cuenta de los tiroteos con presencia policial desde 2015, siguiendo datos de la prensa local, publicaciones oficiales y redes sociales.

Se trata del recuento oficial más fiable y más completo del país.

El empleo de la fuerza letal por parte de agentes de policía ha estado muy sujeto a controversia estos últimos años, tras la muerte de varios hombres negros desarmados, lo que en 2017 provocó manifestaciones en todo el país, algunas de las cuales degeneraron en disturbios.

Según el Post, 19 hombres negros armados fueron abatidos por las fuerzas del orden en 2017, frente a 17 en 2016, y 36 el año anterior.

El diario revela que el número de hombres negros muertos por disparos de policías representa un nivel desproporcionado, ya que supone el 22% del total, mientras los hombres negros apenas representan el 6% de la población total del país.

«El foco nacional en este problema ha hecho que los policías sean más cautelosos en situaciones sin armas», explicó al diario Chuck Wexler, director ejecutivo de la organización policial Police Executive Research Forum.

Según la base de datos del Washington Post, la gran mayoría de las personas abatidas, 735, estaban en posesión de armas blancas o de fuego, mientras en 2016 fueron 693.

Según la policía federal (FBI), 46 agentes murieron en 2017 en el ejercicio de sus funciones, frente a 66 en 2016.

La cifra de muertes por disparos de policías en Estados Unidos está muy por encima de las cifras de otros países desarrollados.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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