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Autoridades de Colombia arrestan al presunto violador y asesino de una niña de 7 años

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La Policía colombiana arrestó hoy en una clínica de Bogotá a Rafael Uribe Noguera, presunto asesino de la niña Yuliana Andrea Samboni, de siete años de edad, quien fue raptada en un barrio popular de la ciudad y cuyo cadáver fue hallado en un apartamento del detenido.
La notificación de la captura la hizo un policía en una habitación de la clínica en la que está ingresado el sospechoso, un arquitecto de 38 años, según un vídeo divulgado por la institución.
En las imágenes de la Policía se ve el momento en el que se le solicita a Uribe, miembro de una adinerada familia bogotana, que se identifique, y se le notifica la orden de detención.
El hombre se encuentra en este momento “recluido en un centro asistencial bajo una crisis”, según explicó el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla.
El caso de la niña ha estremecido a Colombia por la sevicia con la que actuó el presunto asesino, quien la raptó el domingo en Bosque Calderón, una barriada colindante a Chapinero Alto, un barrio de clase acomodada de Bogotá.
Después la condujo a un apartamento donde la violó y estranguló, según informó anoche el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.
“La causa de la muerte de la menor de siete años corresponde a asfixia mecánica mixta, correspondiente a asfixia por sofocación y estrangulamiento (…). En el cuerpo de la menor se han obtenido abundantes evidencias que demuestran que fue objeto de abuso sexual”, aseguró Valdés en una rueda de prensa.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, afirmó que la escena del crimen fue manipulada y dio instrucciones a sus funcionarios para que lleven ante la justicia a quienes intentan obstruir el accionar de la entidad.
La menor, de la etnia Yanacona, había llegado con sus padres a Bogotá hace unos tres años procedente de El Tambo, localidad del departamento del Cauca, de donde fueron desplazados por la violencia del conflicto armado.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) repudió el “el atroz crimen contra la niña indígena del pueblo Yanacona”, de la que dijo que a los siete años de edad “conoció la crueldad y la misoginia producto de una sociedad machista, racista e inequitativa”.
La ONIC instó a la Fiscalía General a tomar las medidas para que el caso de la menor “no quede en la impunidad como muchos casos más de feminicidio, teniendo en cuenta el poder que ostenta el sospechoso y su familia”.
“Pedimos que el prestigio y el dinero de la familia no compren a la justicia”, manifestó por su parte una vecina de los Samboni, que permanece junto a otras decenas de personas frente a la humilde vivienda de los padres de la menor como muestra de apoyo.
En las afueras de la clínica donde está ingresado Uribe decenas de personas se manifestaron ayer y en la mañana de hoy volvieron con pancartas en las que invitan a los automovilistas que transitan por la Autopista Norte a hacer sonar sus bocinas para pedir justicia en este caso.

EFE

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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