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Autoridades embargan propiedad de Barrales por deuda millonaria

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Un juez ordenó el embargo de una propiedad perteneciente a la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales y a dos familiares por una deuda de al menos 12 millones de pesos más intereses moratorios.

El Juzgado 14 de lo Civil resolvió el pasado 26 de diciembre que tanto Barrales, como su hermana María Laura y su madre, Esperanza Magdaleno, deberán pagar una deuda que contrajeron mediante tres pagarés firmados en mayo de 2015 con Antonio Abad García Martínez.

De acuerdo con una información de Reforma, los pagarés que firmó la dirigente del PRD y su familia, vencieron en mayo, junio y julio de 2016 y contemplaban pago de intereses moratorios de 120% anual.

Por su parte, el juez Guillermo Campos cosnideró que esta tasa de interés era notoriamente muy alta y la dejó en 43.8% anual, lo que implica que la perredista tiene una deuda total de más de 16 millones de pesos.

El juez también suprimió los nombres de todas las partes y el monto involucrado en la versión pública de la sentencia, pero la lista de notificaciones del Juzgado y el Sistema de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal indican tanto los nombres como la cantidad de 12 millones de pesos, que en mayo de 2015 equivalían a 770 mil dólares.

Ante esta situación la perredista su familia fueron requeridas de pago, emplazadas y embargadas el pasado 7 de septiembre de 2016, sin embargo, no contestaron la demanda, no comparecieron ni apelaron la sentencia, la cual se convirtió en ejecutoria el 10 de enero.

Debido a esta situación el demandante solicitó al juez ordenar el remate del inmueble embargado desde el 7 de septiembre, a Barrales.

Los datos de este inmueble no son públicos, aunque previamente estuvo embargado por otra demanda contra Barrales, presentada en 2006 por Norma Gómez del Olmo.

Publimetro

México

Sheinbaum responde a Trump y rechaza señalamientos sobre control del narcotráfico

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no reaccionar a cada declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este reiterara durante la Cumbre del G7 en Francia que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Trump tiene una forma particular de comunicar sus mensajes y consideró que lo importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo además que el presidente estadounidense no cuenta con información precisa cuando realiza este tipo de acusaciones. Recordó que ya le ha expresado personalmente que las instituciones mexicanas funcionan y que el Estado mexicano mantiene su presencia y operación en todo el país.

La titular del Ejecutivo señaló que, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, se abordó el tema de los grupos criminales y se destacó el papel de las instituciones de seguridad mexicanas.

Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por un grupo criminal en 2020 y continuó en el servicio público. También destacó la labor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La presidenta subrayó además los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno. Entre ellos, mencionó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una disminución de 70 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre.

Asimismo, hizo referencia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en febrero pasado.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un escenario de tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, mientras Trump ha insistido en diversas ocasiones en que los cárteles ejercen control sobre territorio mexicano.

El contexto también incluye las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

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