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Casos de desinformación y muertes vinculadas al dióxido de cloro en Argentina

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A pesar de que las autoridades internacionales han alertado que el dióxido de cloro no es una sustancia segura para el consumo humano, persiste la desinformación y los casos de personas que sí creen que se trata de un producto milagro, capaz de curar la COVID-19 y muchas otras enfermedades, sin que existan pruebas científicas certificadas de ello.

Por desgracia, su uso ya ha sido vinculado con casos de fallecimientos. Uno de ellos es el de Oscar García Rúa, un hombre argentino de 93 años que murió luego de que un juez autorizó que se le administrara dióxido de cloro.

¿Qué pasó en Argentina?

García Rúa falleció el 11 de enero en el Sanatorio Otamendi, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que un médico le suministró dióxido de cloro como parte de su tratamiento.

Un juez federal en aquel país, Javier Pico Terrero, autorizó el tratamiento mediante un instrumento jurídico. Ocurrió de esa forma porque el dióxido de cloro no está aprobado como medicamento por la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ni por el Ministerio de Salud de Argentina.

Citando la narración del abogado de García Rúa, nuestros colegas de Chequeado en ese país reportaron que el ahora fallecido contrajo COVID-19 en diciembre, y fue internado a finales del mismos mes.

Según la versión del abogado, García Rúa no murió “a causa del COVID, sino de una infección intrahospitalaria”. El Ministerio de Salud argentino inició una investigación, para aclarar lo ocurrido.

Chequeado detalló que también se han descubierto varias irregularidades sobre el médico Dante Converti, quien prescribió el tratamiento. Por ejemplo, no renovó su matrícula ni inició trámite de actualización; dijo tener especialidades pero no están registradas en el Ministerio de Salud y su licencia es de médico, no de especialista, como él aseguró.

Además, el juez que dió la autorización para que se suministrará la sustancia fue denunciado por asociaciones médicas ante el Consejo de la Magistratura . La denuncia fue firmada por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Sociedad Iberoamericana de Salud Mental.

“La denuncia surge luego del masivo rechazo de la comunidad médica por la injerencia del Poder Judicial en una decisión médica”, señaló Chequeado.

La desinformación sobre dióxido en Argentina ha sido constante
La muerte de García Rúa, vinculada con el dióxido de cloro, no es un caso aislado en Argentina. En Agosto, Chequeado recopiló 4 historias: 2 muertes y dos intoxicaciones ligadas a esta sustancia.

Una de las muertes, fue la de un hombre de 50 años en la localidad de Jujuy. “Se investiga si la causa del deceso fue la ingesta de dióxido de cloro con la que la víctima buscaba curarse de una fuerte gripe”, señaló.

En la provincia de Neuquén también se registró la muerte de un niño de 5 años que minutos antes llegó al Hospital con un paro cardio-respiratorio, según indica el comunicado oficial del Ministerio de Salud. Los familiares señalaron que el día anterior el niño había consumido dióxido de cloro.

De acuerdo con Chequeado, el doctor Sergio Saracco, jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza, confirmó que en esa ciudad dos mujeres, de 36 y 33 años, se presentaron en mayo y julio respectivamente, en centros asistenciales privados con severos cuadros digestivos vinculados con el consumo de dióxido de cloro.

Matías Di Santi, jefe de redacción de Chequeado, explicó a Animal Político que la desinformación sobre el supuesto uso terapéutico del dióxido de cloro tiene tanta difusión, que incluso en Argentina una presentadora promovió su ingesta en televisión abierta.

Fuente: Animal Político

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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