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Chile promulga ley de aborto

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La presidenta chilena Michelle Bachelet promulgó este jueves la ley de aborto en tres causales, la que tardó dos años y seis meses en su trámite en el Congreso Nacional, y que entrará en vigencia en diciembre próximo.

Bachelet dijo, en un acto realizado en el presidencial Palacio de La Moneda, que este jueves “es un día largamente esperado por las mujeres en Chile. Hoy, por fin, firmamos la ley que consagra el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo y su embarazo en tres casos sumamente precisos y humanamente difíciles”.

“Hablamos de una determinación delicada, personal e intransferible. Una decisión que nunca es razón de festejo porque está precedida de dolor y angustia”, acotó la jefa de Estado, tras añadir que “de ahora en más será su voluntad, no la voluntad ajena, la que determine si ella seguirá o no con su embarazo”.

La iniciativa fue enviada por el gobierno al Congreso Nacional el 31 de enero de 2015 y finalizó su trámite legislativo el 2 de agosto de 2017, tras lo cual, a petición de la oposición derechista, fue enviado al Tribunal Constitucional, el que no puso reparos.

Bachelet apuntó que “el Estado asume un rol que es irrenunciable: garantizar derechos y alternativas para tomar las decisiones libremente. Estamos poniéndonos a tono con las legislaciones del mundo que nos han hecho ver que la penalización a todo evento representaba un incumplimiento en materia de derechos humanos”.

Recordó que en Chile, hasta ahora, las embarazadas debían “someterse a las determinaciones forzosas del Estado, o actuar en la clandestinidad” para realizarse un aborto.

“Hoy vivimos en un país donde nos hemos ganado el derecho a debatir en este y todos los temas sin censura, sin miedo, sin mordaza, porque hemos debatido con sabiduría, con tolerancia, con respeto”, enfatizó.

Tras la promulgación de la ley este jueves, el gobierno tiene un plazo de 90 días para elaborar la reglamentación y las normativas vinculadas a la nueva legislación, por lo que la despenalización del aborto en tres causales será realidad en diciembre próximo.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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