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Política

Confirman que Javier Duarte compró 70 mil pruebas falsas de sida y almacenó 17 toneladas de medicamentes caducados

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En Veracruz, cuando a una madre y a su hijo le hacía los análisis obligatorios del sida después de dar a luz, la prueba que debía proteger su vida no era más que un aparatejo falso, sin registro sanitario, comprado en China y que entró en el país de manera ilegal. La secretaría de Salud mexicana confirmó este martes que el Gobierno estatal compró en 2011 hasta 70.000 dispositivos pirata para la detección del VIH y que almacenaba 16,8 toneladas de medicamentos caducados. Con el Gobierno de Javier Duarte, prófugo por malversación y lavado de dinero, la corrupción había llegado hasta los laboratorios de sangre.

Al escándalo, destapado hace dos semanas, hay que sumar una economía en bancarrota, agujereada por los desfalcos de dinero público, el aumento de la violencia y la pobreza, una inmensa bola de deuda y una red de empresas fantasma pilotada por un gobernador que tenía escondidos 23 millones de pesos y monedas de oro en cajas de cartón repartidas por sus mansiones.
El nuevo gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes, lanzó a mediados de enero el enésimo dardo tras su victoria electoral del año pasado, desbancando por primera vez en la historia al PRI de Veracruz. Denunció que en los centros de oncología del Estado se suministraba a los niños agua destilada en vez de medicamentos. “No tenemos evidencias de que se haya producido ningún tratamiento con agua destilada ni de medicamentos oncológicos falsos”, contestó en rueda de prensa el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y Tépoz. “Hemos solicitado al Gobernador Yunes que nos facilite las pruebas necesarias”, añadió el funcionario.

El regulador sanitario mexicano sí confirmó sin embargo la denuncia que el exsecretario de Salud con Duarte entre marzo de 2013 y octubre de 2014, Antonio Nemi, realizó a este diario. “Hemos registrado la compra de 70.000 piezas de kit de detección rápida de VIH falsas, caducadas, compradas en China y que entraron de manera ilegal en el país”.

Más de la mitad del material ha sido incautado por los agentes de la Cofepris. El resto –más de 20.000 dispositivos- no han podido ser localizados y el regulador presume que deben estar distribuidos y en uso alrededor de las 11 delegaciones del Estado.

La investigación de Salud no ha podido confirmar el año de la compra de los medicamentos caducados. Podrían remontarse al Gobernador anterior, Fidel Herrera, acusado también por el actual mandatario como responsable del fraude. Herrera, un peso pesado del PRI señalado en el pasado por mantener supuestos vínculos con el narcotráfico, renunció la semana pasado a su cargo de cónsul en Barcelona para defenderse y hacer «política interna».

Tampoco hay certeza aún sobre si la operación está relacionada con la red de 21 empresas fantasma que con la cobertura de distintas secretarías estatales defraudó 35 millones de dólares.

“En los próximos días notificaremos al Ministerio Público los hechos que estamos investigando y que probablemente puedan concluir en delito penal”, añadió Sánchez y Tépoz. El exgobernador Duarte, hasta hace poco considerado como una de las jóvenes promesas llamadas a renovar el viejo aparato del PRI, está siendo perseguido por la Interpol en 190 países, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

Con información de El País 

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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