Política
Confirman que Javier Duarte compró 70 mil pruebas falsas de sida y almacenó 17 toneladas de medicamentes caducados
En Veracruz, cuando a una madre y a su hijo le hacía los análisis obligatorios del sida después de dar a luz, la prueba que debía proteger su vida no era más que un aparatejo falso, sin registro sanitario, comprado en China y que entró en el país de manera ilegal. La secretaría de Salud mexicana confirmó este martes que el Gobierno estatal compró en 2011 hasta 70.000 dispositivos pirata para la detección del VIH y que almacenaba 16,8 toneladas de medicamentos caducados. Con el Gobierno de Javier Duarte, prófugo por malversación y lavado de dinero, la corrupción había llegado hasta los laboratorios de sangre.
Al escándalo, destapado hace dos semanas, hay que sumar una economía en bancarrota, agujereada por los desfalcos de dinero público, el aumento de la violencia y la pobreza, una inmensa bola de deuda y una red de empresas fantasma pilotada por un gobernador que tenía escondidos 23 millones de pesos y monedas de oro en cajas de cartón repartidas por sus mansiones.
El nuevo gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes, lanzó a mediados de enero el enésimo dardo tras su victoria electoral del año pasado, desbancando por primera vez en la historia al PRI de Veracruz. Denunció que en los centros de oncología del Estado se suministraba a los niños agua destilada en vez de medicamentos. “No tenemos evidencias de que se haya producido ningún tratamiento con agua destilada ni de medicamentos oncológicos falsos”, contestó en rueda de prensa el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y Tépoz. “Hemos solicitado al Gobernador Yunes que nos facilite las pruebas necesarias”, añadió el funcionario.
El regulador sanitario mexicano sí confirmó sin embargo la denuncia que el exsecretario de Salud con Duarte entre marzo de 2013 y octubre de 2014, Antonio Nemi, realizó a este diario. “Hemos registrado la compra de 70.000 piezas de kit de detección rápida de VIH falsas, caducadas, compradas en China y que entraron de manera ilegal en el país”.
Más de la mitad del material ha sido incautado por los agentes de la Cofepris. El resto –más de 20.000 dispositivos- no han podido ser localizados y el regulador presume que deben estar distribuidos y en uso alrededor de las 11 delegaciones del Estado.
La investigación de Salud no ha podido confirmar el año de la compra de los medicamentos caducados. Podrían remontarse al Gobernador anterior, Fidel Herrera, acusado también por el actual mandatario como responsable del fraude. Herrera, un peso pesado del PRI señalado en el pasado por mantener supuestos vínculos con el narcotráfico, renunció la semana pasado a su cargo de cónsul en Barcelona para defenderse y hacer «política interna».
Tampoco hay certeza aún sobre si la operación está relacionada con la red de 21 empresas fantasma que con la cobertura de distintas secretarías estatales defraudó 35 millones de dólares.
“En los próximos días notificaremos al Ministerio Público los hechos que estamos investigando y que probablemente puedan concluir en delito penal”, añadió Sánchez y Tépoz. El exgobernador Duarte, hasta hace poco considerado como una de las jóvenes promesas llamadas a renovar el viejo aparato del PRI, está siendo perseguido por la Interpol en 190 países, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Con información de El País
Política
PAN prepara nueva iniciativa electoral tras resolución de la SCJN
Alfredo Chávez Madrid aseguró que el Congreso de Chihuahua acatará el fallo, pero buscará conservar medidas contra la injerencia del crimen organizado y atender los señalamientos sobre nepotismo e intervención extranjera
Chihuahua .- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, anunció que la bancada presentaría ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una nueva iniciativa para adecuar la legislación a los criterios establecidos por el máximo tribunal.
El legislador afirmó que, aunque el PAN mantiene una postura crítica respecto a algunos aspectos del fallo, respetará la determinación judicial y realizará las modificaciones correspondientes dentro del plazo establecido. “Como siempre hemos sido demócratas y creemos en el Estado de derecho, vamos a acatar la sentencia de la Corte. La Corte nos ha obligado a legislar y lo vamos a hacer en tiempo y forma”, declaró.
Entre los ajustes contemplados se encuentran disposiciones relacionadas con la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, así como las adecuaciones necesarias en materia de nepotismo electoral. De acuerdo con Chávez Madrid, la propuesta buscará mantener mecanismos destinados a evitar que organizaciones criminales tengan influencia en partidos políticos, candidaturas o procesos electorales, aunque bajo los parámetros fijados por la SCJN.
La Corte invalidó, entre otros puntos, disposiciones que permitían establecer consecuencias electorales a aspirantes, precandidatos o candidatos por actos ilícitos cometidos por terceras personas cuando no se acreditara responsabilidad propia. El criterio se sustentó en principios como culpabilidad, presunción de inocencia y legalidad, mientras que se mantuvieron las sanciones cuando las conductas sean realizadas directamente por la persona candidata o aspirante.
Chávez Madrid cuestionó particularmente esta parte de la resolución, al considerar que limita uno de los componentes centrales de la reforma aprobada en Chihuahua. Desde su perspectiva, la intervención de grupos delictivos en una elección podría darse mediante financiamiento, imposición de candidaturas, participación durante los comicios o acuerdos posteriores con autoridades electas, por lo que sostuvo que el Congreso debe conservar herramientas para enfrentar esos escenarios.
El coordinador panista también criticó a Morena por haber impugnado ante la Suprema Corte algunas de las disposiciones de la reforma. Durante su posicionamiento, afirmó que dicha impugnación demuestra, desde su perspectiva, una defensa de los intereses del crimen organizado en Chihuahua. Ese señalamiento corresponde a la postura política expresada por el legislador y no constituye una conclusión de la SCJN.
Pese a sus cuestionamientos, el diputado reiteró que la bancada panista cumplirá con la resolución y presentará una propuesta ajustada al marco constitucional. “Esta legislación, compañeros, compañeras, no es del PAN, no es para el PAN”, sostuvo, al insistir en que las medidas deben aplicarse a cualquier fuerza política o candidatura cuando se actualicen los supuestos previstos por la ley.
Con la nueva iniciativa, el Congreso de Chihuahua buscará armonizar la legislación electoral con los criterios establecidos por la Suprema Corte, mientras el PAN pretende conservar disposiciones orientadas a impedir la intervención de organizaciones criminales en los procesos electorales, pero dentro de los límites constitucionales determinados por el máximo tribunal.
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