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Confirman prisión preventiva a ex presidenta argentina, Cristina Fernández

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Un tribunal argentino confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva dictado en septiembre pasado contra la expresidenta Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios en los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque seguirá libre por ser senadora y tener fueros.

La Cámara Federal de Buenos Aires, encargada de resolver los recursos planteados por las defensas de los imputados, también confirmó la imputación contra el ya detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, informaron a Efe fuentes judiciales.

Tanto a él como a la exmandataria se les acusa de ser organizadores de una asociación ilícita y cohecho en la conocida como causa de “los cuadernos de la corrupción”.

Desde que surgió el escándalo, principios de agosto, decenas de importantes empresarios y exfuncionarios han sido procesados -algunos declarados imputados “arrepentidos”- y muchos han reconocido ante el juez de instrucción, Claudio Bonadio, la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Entre los empresarios involucrados está además Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, y el padre y el hermano del mandatario, Franco y Gianfranco Macri, respectivamente, fueron también llamados a declarar.

El caso surgió después de que llegasen a la Justicia las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas durante más de una década por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.

El conductor señalaba cómo presuntamente transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de empresarios, para ser repartidos a los funcionarios implicados.

Ese material, según la investigación, apuntaba a la existencia de una “organización delictiva” conformada por funcionarios públicos comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, y De Vido.

Bonadio señaló durante la instrucción que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, “en la mayoría de las oportunidades”, en vehículos conducidos por Centeno.

A partir de ello, según el juez, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios”, que “finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita”: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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