Resto del mundo
Confirman prisión preventiva a ex presidenta argentina, Cristina Fernández
Un tribunal argentino confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva dictado en septiembre pasado contra la expresidenta Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios en los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque seguirá libre por ser senadora y tener fueros.
La Cámara Federal de Buenos Aires, encargada de resolver los recursos planteados por las defensas de los imputados, también confirmó la imputación contra el ya detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, informaron a Efe fuentes judiciales.
Tanto a él como a la exmandataria se les acusa de ser organizadores de una asociación ilícita y cohecho en la conocida como causa de “los cuadernos de la corrupción”.
Desde que surgió el escándalo, principios de agosto, decenas de importantes empresarios y exfuncionarios han sido procesados -algunos declarados imputados “arrepentidos”- y muchos han reconocido ante el juez de instrucción, Claudio Bonadio, la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Entre los empresarios involucrados está además Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, y el padre y el hermano del mandatario, Franco y Gianfranco Macri, respectivamente, fueron también llamados a declarar.
El caso surgió después de que llegasen a la Justicia las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas durante más de una década por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
El conductor señalaba cómo presuntamente transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de empresarios, para ser repartidos a los funcionarios implicados.
Ese material, según la investigación, apuntaba a la existencia de una “organización delictiva” conformada por funcionarios públicos comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, y De Vido.
Bonadio señaló durante la instrucción que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, “en la mayoría de las oportunidades”, en vehículos conducidos por Centeno.
A partir de ello, según el juez, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios”, que “finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita”: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.
Dinero
EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso
Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.
México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.
De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.
La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.
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