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Confiscan extensiones de pelo humano elaboradas presuntamente en campos de internamiento en China

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La Agencia de Protección de Aduanas de Estados Unidos (CBP) anunció este miércoles la confiscación en Nueva York de un envío de extensiones de pelo humano procedente de China por la posibilidad de haberse originado con mano de obra forzada en los centros de internamiento de la provincia de Xinjiang, en el noroeste del país. La confiscación se produjo el pasado 17 de junio “en base a información razonable que indicaba que habían sido productos fabricados por trabajadores en prisión”, indicó a Efe Anthony Bucci, portavoz de Aduanas.

Los productos de belleza tenían un valor de unos 800.000 dólares y existen “potenciales indicadores de abuso de derechos humanos, trabajo forzado de menores y privación de libertad” en la provincia china de Xinjiang, con mayoría de religión musulmana y perteneciente a la etnia uigur. La represión contra esta etnia, de 11 millones de personas, por parte del Gobierno de Pekin ha aumentado en los últimos años hasta convertirse en un sofisticado sistema de control civil. Según reveló en 2019 una serie de investigaciones periodísticas en la que participaron más de una docena de medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, los uigures son a día de hoy vigilados, perseguidos y detenidos sin respetar las mínimas garantías judiciales.

El pedido constaba de casi 13 toneladas de productos de pelo humano, fabricado por la empresa Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd., con sede en un parque industrial de la ciudad de Hotan y denunciada en el pasado por usar mano de obra encarcelada en centros de reeducación del Gobierno chino. Los datos aduaneros esta empresa, con sede en Xinjiang, muestran una estrecha relación comercial de sus productos del cabello con una empresa de distribución con sede en California.

Esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses confiscan productos de belleza por su vinculación con los llamados “campos de internamiento” en Xinjiang. En mayo, el CBP anunció la incautación de todos los envíos procedentes de la empresa Hetian Haolin Hair Accessories, que distribuía pelo sintético y otros productos similares a distribuidores en los Estados de Georgia y Texas.

“Es absolutamente esencial que los importadores estadounidense se aseguren que la cadena de distribución satisface los estándares humanos y éticos que esperan el Gobierno y los consumidores”, indicó este miércoles en un comunicado Brenda Smith, comisaria de la Oficina de Comercio de la CBP. “La producción de estos bienes supone una muy seria violación de los derechos humanos y la confiscación quiere enviar un mensaje muy claro de que no se tolerarán aquellos que hacen negocios con prácticas inhumanas e ilícitas”, añadió el oficial.

La ley federal estadounidense prohíbe importar productos fabricados con mano de obra forzada. Esta misma semana el Worker Rights Consortium, una organización que monitorea práctica laborales, denunció que la empresa estadounidense Caterpillar estaba importando ropa fabricada por empresas chinas vinculadas al programa “Xinjiang Aid”, denunciado por servir de paraguas para explotar mano de obra forzada en campos de adoctrinamiento en la región autónoma de Xinjiang.

El Departamento de Estado, junto con el del Tesoro y de Comercio, publicaron este miércoles un aviso a empresas estadounidenses que tengan vínculos con contrapartes que violen los derechos humanos en Xinjiang, como parte de una estrategia para aumentar la presión contra China por sus abusos contra los musulmanes de etnia uigur.

Fuente: El País

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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