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Política

Congreso de Tamaulipas rechaza desafuero de Cabeza de Vaca

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Con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó un Punto de Acuerdo por el que se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia (desafuero) emitida por la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Una vez que se dio el resolutivo en San Lázaro, se reanudó en el Congreso de Tamaulipas la sesión que permanecía en receso desde el pasado miércoles 28 de abril, pero se reanudó este viernes a las 17:43 horas, y se presentó la iniciativa promovida por la Junta de Coordinación Política.

La acción legislativa contiene un Punto de Acuerdo mediante el cual se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por el Congreso federal, erigido como Jurado de Procedencia.

Pero también se determina que no ha lugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política de Tamaulipas le otorga al mandatario, al que se le reconoce su calidad de gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Tamaulipas, de ahí que debe seguir fungiendo en el encargo público para el que fue electo en 2016 por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Tamaulipas.

La iniciativa, fue dispensada de su turno de comisiones por votación de mayoría y sometida a discusión, lo que provocó una discusión entre morenistas, panistas y priistas.

La primera en tomar la palabra fue la diputada Susana Juárez Rivera, quien pidió que el mandatario compareciera ante las autoridades que lo requieren como cualquier ciudadano.

“Hoy la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, ha levantado el velo de la supuesta protección legal para que sea juzgado por las autoridades federales”.

El diputado del PAN, Félix Fernando García Aguiar, respaldado con los diputados de su bancada, señaló que la decisión del Congreso federal se trató de una decisión unilateral, “la cual desestima la competencia que esta legislatura del estado de Tamaulipas le otorga en el párrafo V del artículo 111 Constitucional”, que establece que la disposición de la Cámara de Diputados será para comunicarla a la legislatura local y que ésta proceda como corresponde.

“Esta previsión le da plena competencia constitucional a este órgano soberano del estado para que determine si ha lugar o no la declaración de procedencia”, aclarando que la soberanía estatal “tiene la última palabra”.

Al tomar la palabra, Edna Rivera López, diputada de Morena, dijo el mensaje es que no hay “nada ni nadie por encima de la ley, trátese de quien se trate”, apuntando que se debe asumir una actitud responsable.

Los legisladores priistas, también tomaron la palabra para manifestarse en contra del desafuero, señalando que “no se juzga sobre la existencia de un delito, sino sobre la existencia de elementos aportados por la autoridad competente que permitan vislumbrar la comisión del mismos”.

Apuntó que los legisladores priistas ven con recelo el procedimiento de desafuero, “toda vez que con su desarrollo se sacude el orden institucional de nuestra entidad, y se pretende sentar un precedente a todas luces peligroso para todas las entidades”.

Agregando que el proceso de desafuero “suena más a una persecución y venganza política que un procedimiento legal y constitucional”.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes la solicitud de procedencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La fiscalía acusa al gobernador de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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