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Política

Congreso de QRoo solicita alerta migratoria contra Roberto Borge

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El Congreso de Quintana Roo aprobó un acuerdo en el que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado, solicitar al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores emitir una alerta migratoria para evitar que el ex gobernador, Roberto Borge Angulo, abandone el país con la intención de evadir a la justicia.

De acuerdo con el documento, existe riesgo fundado de que el ex mandatario abandone el país, por lo que es indispensable que se emita una alerta migratoria; asimismo, se sugiere asegurar bienes y recursos de su propiedad, para garantizar la reparación del daño patrimonial ocasionado en el estado.

Esto no es solo un clamor popular, es justicia elemental, y va encaminado a reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, dejando claro que en un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, y ésta cuenta con los medios suficientes para presentar ante la justicia a los malos funcionarios, y en su caso, obligarlos a restituir el patrimonio afectado”, explica el documento.

En su intervención, el diputado Jesús Zetina Tejero, del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Mesa Directiva, dijo que la Legislatura hará los exhortos que sean necesarios para darle justicia a los quintanarroenses.

El diputado José Esquivel Vargas, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, expresó que la solicitud del Poder Legislativo es pertinente y válida.

 

Excelsior

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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