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Conserje incendia una guardería con los niños adentro; 4 murieron

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Al menos cuatro niños murieron y decenas resultaron heridos en una guardería del estado brasileño de Minas Gerais durante un incendio provocado por el vigilante del centro, quien falleció horas después, informaron fuentes oficiales.

La tragedia se produjo en el municipio de Janaúba, cuando el guardia que custodiaba el Centro Municipal de Educación Infantil Gente Inocente fue a hablar con la directora de la institución, arrojó un líquido inflamable sobre los niños y sobre él mismo y prendió fuego.

Según fuentes de la policía de Minas Gerais, al menos cuatro niños de entre 4 y 6 años murieron en el incendio y también el autor del crimen, identificado como Damião Soares dos Santos, de 50 años.

Además, una veintena de personas, entre menores y adultos, resultaron heridas, algunas de gravedad, y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

El sospechoso, que supuestamente sufre un trastorno mental, tuvo quemaduras graves en todo el cuerpo y falleció la tarde del jueves.

¿Por qué quemó a los niños de la guardería?

Soares trabajaba en la guardería desde 2008 y las autoridades investigan las causas por las que el empleado decidió prender fuego a los menores.

De acuerdo con las primeras investigaciones, recogidas por medios locales, Soares podría haber premeditado el crimen, ya que la Policía encontró varios barriles con gasolina en el interior de su vivienda.

La Policía Civil sospecha que el empleado escogió una fecha «simbólica», pues el crimen fue cometido el mismo día en el que su padre falleció tres años atrás.

El presidente brasileño, Michel Temer, lamentó «inmensamente» la tragedia y dijo esperar «que esas cosas no se repitan en Brasil».

«Soy padre e imagino que esta debe ser una pérdida muy dolorosa», afirmó el mandatario, quien también transmitió su «solidaridad» a los familiares de las víctimas.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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