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Cuatro panaderos, los nuevos héroes tras ‘Harvey’

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Cuatro empleados de “El Bolillo”, una cadena de panaderías mexicanas, en Houston se quedaron atrapados en el local por dos días gracias a las inundaciones causadas por el huracán “Harvey”.

El sábado, las personas que estaban haciendo el turno nocturno vieron que no podían salir y decidieron ocupar de la mejor manera su tiempo en la sucursal de South Wayside Drive.

Los panaderos hornearon y hornearon: llenaron los estantes con bolillos y pan dulce.

Cuando se dieron cuenta de que estaban aprisionados, decidieron mantenerse ocupados y ayudar a la comunidad, hicieron tantos panes como pudieron, aseguró a The Independent, Brian Alvarado, el gerente de la tienda.

Por suerte, el agua se acercó a las puertas del edificio, pero nunca se filtró y no fue cortada la electricidad en esa zona.

El dueño de la cadena intentó rescatarlos el domingo, pero la policía lo regresó, añadió Alvarado al rotativo inglés.

El lunes por la mañana, cuando finalmente pudo llegar, lo esperaba una grata sorpresa.

”Habían hecho tanto pan que los llevamos a un montón de centros de emergencia en la ciudad para las personas afectadas por las inundaciones”.

Los panes llegaron a los damnificados refugiados en el Centro de Convenciones George R. Brown y en una estación de policía cercana.

Una foto publicada en la página de Facebook y de Instagram de la panadería da cuenta del acto de solidaridad de los empleados hispanos y rápidamente se hizo viral.

Miles de personas reaccionaron a la hazaña en las redes sociales, calificando a los panaderos como «héroes» y alabando sus «grandes corazones» y su servicio comunitario.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los panaderos y aunque uno de ellos reportó daños en su casa, los otros volvieron a sus hogares a salvo.

El dueño de la cadena, Kirk Michaelis, abrió una campaña en GoFundme para recaudar fondos para los empleados que fueron afectados por “Harvey”.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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