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Cuñado del rey de España ingresa a prisión por corrupción

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El cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, ingresó este lunes en prisión para cumplir una pena de cinco años y diez meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por un caso de corrupción, informaron fuentes penitenciarias.

Urdangarin, que llegó anoche al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Ginebra, Suiza, donde residía con su esposa y sus cuatro hijos, podía elegir el centro penitenciario para cumplir la condena como cualquier ciudadano que en el momento de ingresar en la cárcel se encuentre en libertad.

La prisión de Brieva, situada a 7 kilómetros de la ciudad de Ávila, se construyó en 1989 y, con 43 mil 540 metros cuadrados, es un centro de pequeño tamaño con 162 celdas y 18 complementarias, según datos de Instituciones Penitenciarias.

Urdangarin fue condenado por el desvío de varios millones de euros de dinero público a una fundación sin ánimo de lucro que él mismo presidía.

El Supremo, que redujo en cinco meses la pena de Urdangarin, ratificó la semana pasada la condena inicial por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero lo absolvieron de falsedad en documento público.

Es la primera vez en la historia moderna de España que un pariente de un monarca entra en la cárcel, tras un mediático proceso judicial que ha durado doce años.

El ingreso en prisión de Urdangarin ha coincidido con la estancia de los reyes de España en San Antonio, Texas, a 8 mil 300 kilómetros de Madrid, donde hoy terminan su visita y viajan a Washington para reunirse mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania.

Cuando se conoció la resolución del Supremo el pasado día 12, la Casa del Rey expresó su «respeto absoluto a la independencia del poder judicial».

Tanto la infanta como su esposo fueron apartados de toda actividad institucional a finales de 2011, días antes de que Urdangarin resultara imputado.

Posteriormente, dejaron de ser miembros de la familia real tras la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, el 19 de junio de 2014, cuando la infanta pasó de ser hija a hermana del jefe del Estado.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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