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Dan de baja a dos tránsitos por recibir «mordida»

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El Director de la División de Policía Vial, Javier Palacios Reyes, reiteró que la Comisión Estatal de Seguridad no tolerará, ni encubrirá a los elementos que comentan algún acto de corrupción, y advirtió que de ser sorprendidos tendrán que enfrentar la responsabilidad penal o administrativa que corresponda.

Lo anterior, luego de que agentes adscritos a la Policía Vial fueron vídeo grabados y señalados por, presuntamente, recibir algún tipo de soborno, conocido como «mordida» a cambio de no hacer valer la Ley de Vialidad y Tránsito.

Palacios Reyes, explicó que se solicitó a la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía General del Estado realizar una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad o no de los oficiales.

Detalló que las grabaciones hechas por un ciudadano y presentadas como pruebas, denotan la completa violación a los protocolos internos de actuación, hecho por el cual los agentes estarán sujetos a investigación, siendo relevados de la función operativa y puestos a disposición del órgano de control, respetando el principio de presunción de inocencia.

Asimismo, refirió que la política para no cobijar actos de corrupción o malas prácticas policiales al interior de la Corporación es una iniciativa del Comisionado Estatal de Seguridad, quien desde que asumió el cargo como Jefe de la Policía en Chihuahua ha buscado oxigenar y depurar a los malos elementos.

Señaló que en caso de que se encuentren las pruebas suficientes para presumir la existencia de alguna responsabilidad, los oficiales viales serán llevados ante la Comisión de Honor y Justicia, órgano encargado de emitir alguna resolución.

La Comisión Estatal de Seguridad pone a disposición de la ciudadanía el número de emergencia 9-1-1, denuncia anónima 089; o bien, la página www.pasaeldato.gob.mx para reportar cualquier situación anómala.

México

Tiene 9 años y desde que nació nunca ha salido del hospital

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Por culpa de la burocracia, Camila Huerta, de nueve años de edad, desde que nació, nunca ha salido del Hospital del ISSSTE Primero de Octubre, en la Ciudad de México, por lo que no conoce una escuela, un parque ni su propia casa, como si se tratara de una película.

Previo a nacer, sufrió falta de oxígeno que le provocó daño cerebral, hidrocefalia y retraso psicomotor global. Ante la gravedad de su estado, sus padres iniciaron una larga batalla legal interponiendo múltiples amparos para evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la diera de alta en sus primeros años, argumentando que requería cuidados especializados que ellos no podían costear o replicar en casa.

Posteriormente, sus padres, perdieron la batalla legal y pagan actualmente al ISSSTE más de 11 mil pesos para su manutención, luego de que así lo ordenó un juez.

Actualmente, la niña ya puede regresar a su hogar y sus dos padres cuentan con trabajo y la capacidad para mantener a la menor,  a quien acuden a cuidar diariamente  desde el día que nació, pero el extravío de su expediente médico y la falta de orden de un juez, desde finales del 2025, impide que se vaya con su familia que acusa ineficiencia por parte del sistema judicial.

Sus padres también acusan que no hay ninguna ley o reglamento que sea sensible ante este caso.

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