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Declara Unicef que 6.3 millones de migrantes en América son menores de edad

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Un total de 6.3 millones de migrantes en América son menores de 18 años, por lo que el tema es una de las prioridades para el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), aseguró hoy la directora regional para América Latina y el Caribe del organismo, María Cristina Perceval.

«Estamos trabajando un programa muy ambicioso que ya está mostrando sus primeros resultados positivos con niñas, niños y adolescentes migrantes”, dijo la funcionaria.

Detalló que, debido al desplazamiento, se realiza un trabajo “con el país de origen, con el país de tránsito y con el de destino, entendiendo las múltiples causas y no estigmatizando, porque cuando se estigmatiza se violan derechos y no se encuentran soluciones”.

“Estamos trabajando articuladamente con Guatemala, El Salvador, Honduras y México en encontrar como los seis principios de Unicef, a partir de lo reconocido por la Convención, los protocolos y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, se deben cumplir”.

Perceval colocó como ejemplo “la no desintegración familiar, la deportación no es el camino para niños y niñas, porque es una violación de los derechos de los migrantes, hay que garantizar en tránsito y destino sus derechos a la educación y a la salud”.

“Una política integrada, en coordinación con varios países, resulta eficaz y se ha avanzado en protocolos comunes de actuación para cónsules en el tema de garantizar espacios seguros para los niños y niñas migrantes y en tránsito. Es un tema complicado, pero lo estamos haciendo”, enfatizó.

Respecto a México comentó que “Unicef tiene una oficina muy potente en ese país, con un trabajo de décadas con el Estado mexicano y con actores de la sociedad civil y empresarios”.

“La ley integral de protección de niñas, niños y adolescentes es sin duda un programa de acción, un horizonte de cumplimiento para México”, dijo.

Añadió que “el tema de México, de reconocer un sustantivo avance y logro institucional para contar con un sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, dotado de recursos, de liderazgo institucional, de convocatoria social, indudablemente es un proceso que debe ir construyéndose”.

La directora regional de Unicef entregó un panorama de América Latina y el Caribe en materia de niños, niñas y adolescentes, 8.2 millones de los cuales fueron afectados por desastres naturales el año pasado en la región.

Detalló que 72 millones de niños y niñas viven en condiciones de pobreza multidimensional en la región, mientras que 3.7 millones menores de cinco años tienen sobrepeso.

Indicó que 14 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo en la región, mientras que siete de cada 10 niños y niñas con discapacidad no asisten a la escuela.

Puntualizó que es “clave” la inversión en primera infancia para lograr un desarrollo integral y significativo en los niños, niñas y adolescentes.

Reveló que un millón 100 mil niñas y adolescentes latinoamericanos y caribeños son víctimas de violencia sexual cada año, en tanto tres de cada 10, especialmente adolescentes, son víctimas de violencia en los establecimientos educativos.

Perceval agregó que la región redujo la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de cinco años en 70 por ciento desde 1990 a la fecha, pero también es la zona del mundo donde, cada tres minutos, una niña o un niño muere.

Apuntó que “América Latina y el Caribe, sin conflictos armados, es la más violenta del mundo. Uno de cada dos niños menores de cinco años es víctima de violencia en su hogar, mientras que uno de cada cuatro homicidios de adolescentes tienen lugar en las calles de nuestra región”.

La funcionaria de Naciones Unidas participó esta semana en la segunda reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, el que se realizó en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Comentó respecto al Foro que “va creciendo en actores y en concertación, con la presencia del sector privado, de las nuevas tecnologías, los movimientos y organizaciones sociales y un importante involucramiento y compromiso de las agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas”.

Enfatizó que “la Agenda 2030 nos ha permitido alinear las prioridades de Unicef en articulación y armonía en objetivos de desarrollo sustentable”.

Precisó que organizaron las prioridades regionales en cuatro ámbitos de acción, vinculándolos con los objetivos de desarrollo sustentable: “Todos los niños y niñas sobreviven y prosperan”, “Todos los niños y niñas aprenden”, “Todos los niños y niñas están protegidos contra la violencia y la explotación” y “Todos los niños y niñas tienen una oportunidad equitativa en la vida”.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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