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Desafuero del ex tesorero de Javier Duarte podría salir después del periodo ordinario: PRI

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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados se tomará su tiempo para emitir un resolutivo sobre la solicitud de desafuero del diputado federal por Veracruz e integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Tarek Abdala.

El presidente de esa instancia, Ricardo Ramírez, señaló que es muy probable que se agoten todos los plazos legales establecidos, incluyendo ampliaciones, a fin de analizar la gran cantidad de pruebas presentadas por las partes involucradas.

De modo que, estimó Ramírez Nieto, el desafuero del ex tesorero del ex gobernador Javier Duarte, no saldría antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones, es decir, antes de mayo.

“No creo que alcancemos, vamos a hacer el esfuerzo pero no creo que alcancemos porque, aquí dada la complejidad del asunto y lo voluminoso tenemos que hacer un estudio serio, puntual, objetivo. Son carpetas de investigación que vienen acompañadas de sus anexos, dictámenes contables, procedimientos administrativos, también pruebas documentales deducidas de carpetas de la Procuraduría General de la República”, apuntó.

“Ahora corresponde ya a nosotros como les decía, proceder al estudio formal de todas las constancias. No sé cuánto nos vaya a llevar, tenemos un margen de 60 días a partir de que concluya, días hábiles, así lo establece la ley a partir de hoy, y si no son suficientes”, se echará mano de las ampliaciones de tiempo que prevé la ley.

Explicó que la Instructora tiene un plazo de 60 días hábiles, que podrá alargarse por más tiempo si es necesario, puesto que la parte acusadora entregó copias de todas las carpetas de investigación en su poder.

Expuso que conforme a los términos en que debe resolverse una declaración de procedencia, de acuerdo al artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, si los 60 días reglamentarios para el desahogo de pruebas, análisis y formulación de un dictamen se agotan, podrá solicitar ampliaciones “en la medida que resulte estrictamente necesario”.

Indicó que al concluir el plazo para recepción de pruebas y presentación de alegatos finales, lo que ocurrió este jueves 30 de marzo, los integrantes de la Instructora tendrán 60 días hábiles para presentar un dictamen en el que se establezca si es procedente o no el desafuero del ex funcionario del gobierno de Veracruz. Ese periodo se cumple a mitad del mes de junio, agregó.

Recordó que las acusaciones contra el diputado Abdala Saad, formuladas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, tienen que ver con peculado, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias.

Noticias MVS

Chihuahua

Llamada sin respuesta: tensión entre Sheinbaum y Maru Campos por operativo en Chihuahua

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La presidenta Claudia Sheinbaum intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras un operativo de seguridad que encendió alertas a nivel federal. Sin embargo, no logró hablar directamente con ella en ese momento.

Según lo informado, la mandataria federal realizó una llamada personal, pero Campos no se encontraba disponible. La comunicación fue atendida por un integrante de su equipo, sin que se concretara una conversación directa entre ambas.

El contexto del operativo es particularmente sensible. Durante la intervención, relacionada con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas, se reportó la participación de agentes estadounidenses, lo que generó inquietud en el gobierno federal. Sheinbaum señaló que ni ella ni su gabinete de seguridad tenían conocimiento previo de dicha presencia, lo que podría implicar una irregularidad en los protocolos de cooperación internacional.

Ante esto, la presidenta subrayó que cualquier colaboración con autoridades extranjeras debe contar con autorización del gobierno federal y apegarse a lo establecido por la ley mexicana. La falta de coordinación, dijo, no es un tema menor en materia de seguridad nacional.

Posteriormente, Maru Campos solicitó una reunión con Sheinbaum para aclarar los hechos y exponer su versión sobre el operativo.

El episodio ha elevado la tensión política entre ambos niveles de gobierno y reabre un debate clave: hasta dónde deben llegar los límites de la colaboración con agencias extranjeras en el combate al crimen organizado.

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