El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó desde Twitter un video que lleva como título “Échale la culpa al PRI”, con el fin de mostrar que gran parte de las políticas públicas de México han sido creadas por el partido tricolor. Esto, a su vez, coincidió con la detención de Emilio Lozoya.
Había rumores sobre la detención de quien fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el sexenio de Peña Nieto, en Málaga. No había datos precisos hasta que el fiscal Alejandro Gertz Manero lo confirmó.
En redes sociales se difundió un video con el hashtag “Échale la culpa al PRI”, en donde se aprecia a Alejandro Moreno Cárdenas, dando un mensaje sobre las supuestas acusaciones y señalamientos que le han dado al partido.
“Muchos dicen que el PRI es culpable de todo, y en algo tienen razón” publicó en su red social el presidente del partido, pues según el video, ellos afirman que son culpables de brindar educación gratuita, haber creado el seguro social, de que trabajadores tengan casa propia, dar luz y transporte público.
Hoy en día, Alejandro Moreno Cárdenas es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, pero ha sido diputado, senador y gobernador.
En 1991 comenzó su actividad como militante de este partido político y fue en 2003 cuando empezó su vida legislativa. Hasta que en el 2015 fue electo a gobernador de Campeche.
Este video y la noticia de la detención del ex director de Pemex se dieron a conocer esta mañana, pero resultó ser una mala coincidencia para los militantes del PRI porque algunos personajes de este partido y vinculados al ex presidente Enrique Peña Nieto están presos.
Con el arresto este miércoles del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se va cerrando el círculo en torno al ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y es que sus más cercanos colaboradores (acusados ante la justicia de varios delitos que derivan en el desvío de recursos), han comenzado a revelar que el mandatario estaba enterado e incluso fue partícipe de la corrupción y del saqueo en varias dependencias de gobierno.
Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está vinculada con el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra, a través del cual diferentes dependencias del gobierno de Peña Nieto habrían desviado 7.670 millones de pesos (USD 403 millones).
Fue durante la segunda audiencia en el Reclusorio Sur del 12 de agosto de 2019, cuando Robles Berlanga aseguró que tanto el ex presidente Enrique Peña Nieto como el ex secretario de Hacienda y candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, estaban al tanto de las irregularidades en la Sedesol, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque los delitos por los que está acusada no ameritan prisión preventiva oficiosa, el juez determinó prisión preventiva justificada al considerar que hay riesgo de fuga, ya que no tiene arraigo en la Ciudad de México, ha mentido respecto a sus domicilios y tiene la capacidad económica de esconderse.
Ante el asedio judicial y desde Europa, donde presuntamente se encontraba escondido, Lozoya Austin lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto. Aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente del Consejo de Pemex y exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agro Nitrogenados.
A través de su abogado Javier Coello Trejo, el ex director de Pemex envió en 2019 un cuestionario con 27 preguntas a los juzgados junto con la petición de que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray sean citados como testigos dentro del juicio de amparo en contra de la primera orden de arresto girada a Lozoya.
La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.
Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.
Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.
También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.
Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.
La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.
De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.
En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.
También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.
Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.
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