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Editores del NYT podrían ir a la cárcel por publicar impuestos de Trump

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Los editores del diario The New York Times (NYT) corren el riesgo de una demanda y potencialmente ir a la cárcel por publicar sin autorización la declaración fiscal del candidato presidencial republicano Donald Trump.

Según expertos, esto sería así debido a que la divulgación de una declaración fiscal sin autorización es un delito en Estados Unidos que se castiga con multas y prisión.

Bajo la ley federal estadunidense es ilegal publicar la declaración de impuestos de otra persona sin su consentimiento, un delito punible con hasta cinco mil dólares de multa y/o hasta cinco años de cárcel, además del pago de los gastos legales del injuriado.

Susan Craig, una reportera de la sección Metro del NYT, recibió el legajo de documentos de manera anónima en su cajón de correo el 23 de septiembre. Ocho días después, tras haber confirmado su veracidad, el editor del diario, Dean Baquet, decidió publicarlos.

«El señor Trump, a través de un portavoz, no desmintió ni confirmó los registros de impuestos, pero amenazó con (tomar una) acción legal si los publicábamos», relató Craig.

Cuestionada por la cadena ABC si temía una demanda de Trump, la reportera del Times desestimó la implicación: La última vez que chequé, no era un delito checar tu correo.

Baquet, el editor en jefe de The New York Times, había declarado la primera quincena de septiembre, durante un foro en la Universidad de Harvard, que estaba dispuesto a pelear y posiblemente ir a la cárcel para publicar las declaraciones fiscales de Trump.

Ciertamente, el editor del Times había armado un equipo especial dedicado expresamente al tema de los impuestos de Trump. En el equipo se encontraba, además de Craig, el periodista de investigación David Barstow, ganador del Premio Pulitzer en tres ocasiones.

Barstow viajó a Florida para verificar la autenticidad de los documentos con Jack Mitnick, el excontador de Donald Trump.

Bob Woodward, director asociado de The Washington Post, coincidió en el evento con Baquet sobre el deber periodístico de publicar las declaraciones, según el recuento del foro publicado en su momento por The Boston Globe y donde participó además la documentalista Laura Poitras.

«Bob me dijo que era ilegal publicar las declaraciones de impuestos de haberlas obtenido y que en una conversación y debate dentro de una organización (periodística), los abogados dirían que eso es cruzar la raya», comentó Poitras, de acuerdo con el recuento.

Tanto The New York Times y The Washington Post fueron centro de polémica por publicar en 1971, los llamados Papeles del Pentágono, de acuerdo con los cuales la administración de Lyndon B. Johnson había mentido al público y al Congreso sobre la Guerra de Vietnam.

El caso de los Papeles del Pentágono llegó a la Suprema Corte de Justicia, que falló a favor del derecho de los medios informativos a publicar los documentos, al amparo de la Primera Enmienda Constitucional que consagra la libertad de expresión.

Al igual que en el caso de los Papeles del Pentágono, los editores del NYT podrían argumentar que la publicación de las declaraciones de Trump fue hecha en el interés público, a pesar de las consecuencias legales. Pero según expertos, la estrategia no tiene garantía de éxito.

«Los tribunales podrían decir que si las declaraciones de impuestos son tan importantes, que el público autorice al Servicio Interno de Rentas (IRS) que los divulgue o pierde sus votos», dijo al Washington Post el profesor de la Universidad de Harvard, Jonathan Zittrain.

Hasta el momento el millonario estadunidense se ha rehusado a dar a conocer sus declaraciones fiscales, bajo el argumento de que se encuentran siendo objeto de una auditoría del IRS y de que no le interesan a sus seguidores.

Pero la ley estadunidense no prohíbe la divulgación de las declaraciones de impuestos, aún cuando sean objeto de una auditoría fiscal.

Durante el primer debate presidencial, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton sugirió que quizá una de las razones por las cuales este no divulgaba sus declaraciones era porque probablemente no había pagado impuestos federales. «Eso me hace inteligente», reviró Trump.

Después de la publicación de las declaraciones fiscales por parte del New York Times, la campaña de Trump ni confirmó ni desmintió el contenido de los documentos, según los cuales Trump aplicó una deducción fiscal de 916 millones de dólares en 1995.

«El señor Trump es un empresario altamente calificado que tiene la responsabilidad fiduciaria con sus negocios, su familia y sus empleados a no pagar más impuestos que los que fije la ley», señaló la campaña del candidato presidencial.

«El señor Trump conoce el código fiscal mejor que nadie que haya buscado la presidencia y es el único que sabe cómo arreglarlo».

(Con información de Notimex)

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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