Opinión
EL AUTO-DESTAPE DEL ALCALDE DE CD. JUÁREZ. POR LUIS OCHOA MINJARES
EL AUTO-DESTAPE DEL ALCALDE DE C. JUAREZ
Luis Ochoa Minjares
“Alabanza en boca propia es vituperio”, dice el ingenio popular en la infinita y eterna sabiduría de sus refranes, adagios y dichos. Y en la actividad política tal sentencia tiene tanta validez como en cualquier otra actividad social del ser humano. Tal vez por ello llamó la atención el inesperado y repentino auto-destape del alcalde del municipio de Juárez como aspirante a gobernador del Estado Grande de Chihuahua.
Sorprendió también la auto-postulación por la parsimonia, tranquilidad, lentitud, paciencia con las que el alcalde fronterizo lleva su gestión, en contraste agresivo con el dinamismo, inquietud en incansable actividad del gobernador estatal César Duarte Jáquez a quien se le reconoce un poder de ubicuidad sin precedente.
Y del mismo modo que la atonía o falta de tono y vigor en los tejidos orgánicos produce laxitud, abulia, desidia y falta de emoción, así la atonía administrativa municipal de Juárez está generando desesperación, impaciencia, desengaño y frustración en muchos sectores sociales a los que durante la campaña electoral les despertamos expectativas que cubrían sus anhelos y se hacían cargo de sus penalidades y necesidades urbanas.
Resulta explicable que surjan voces, aunque sean equivocadas, que suspiren por administraciones pasadas consideradas «menos piores» que la presente, y a las que criticamos y a veces combatimos por su miopía social, su falta de decisiones y sobre todo, de obras materiales que contribuyeran a modificar la fisonomía urbana de la comunidad y a prestar con eficacia los más elementales servicios públicos llamados primarios.
Es cierto que los vicios y rezagos urbanos que nos heredaron varias administraciones panistas consecutivas son de tal magnitud y envergadura, que, como dice el vulgo, su solución no es «enchílame otra» ni se pueden corregir de la noche a la mañana. Pero por lo menos queda el recurso de gastar el trienio con el ritmo de trabajo y el dinamismo que requieren los rezagos de toda índole y las circunstancias adversas.
El ejemplo de la conducta personal de gobernantes y funcionarios tiene una fuerza extraordinaria para contagiar e infundir optimismo, confianza, esperanza y, sobre todo respeto a la colectividad. Y no es de creerse que un munícipe proclive al madruguete político, y amante de asistir a ceremonias y actos políticos en los que se pierde un tiempo valioso e irrecuperable, constituya un ejemplo para levantar los ánimos de quienes le dimos nuestro voto.
Agarrar el toro por los cuernos del municipio y no soltarlo hasta dominarlo, parece ser el único camino para un buen alcalde o alcaldesa juarense. La desventaja es que no dejaría tiempo para buscar reflectores, escuchar porras, asistir a espectáculos populistas, ni siquiera para asistir a los actos clave de la grilla nacional. Pero es también el único sendero para “sacar al buey de la barranca” y arañara las páginas de la historia.
¿UNA MUJER PARA EL
MUNICIPIO JUARENSE?
Medio siglo ha transcurrido desde que el presidente don Adolfo Ruiz Cortines, en uno de los actos de gobierno más trascendentes de la historia de México, le otorgó el voto a la mujer y todos los derechos y obligaciones políticas que entonces correspondían solamente al hombre.
No obstante el tiempo transcurrido, todavía no hemos evolucionado lo suficiente y alcanzado la plena igualdad de género en materia de derechos y oportunidades para nuestras eternas y sufridas compañeras.
Las pocas ciudadanas que en el pasado, a gritos y sombrerazos han logrado transitar a lugares de más o menos igualdad, lo han tenido que hacer con grandes sacrificios y a veces, con el uso de su tarjeta “cuerpomática”.
Hoy los tiempos parece que han cambiado a favor de la plena igualdad de género. Tal vez por ello, en el ambiente político de Chihuahua y particularmente del municipio de Juárez, Chih., surjan y se mencionen de manera espontánea, sin auto-destapes, los primeros nombres de las mujeres como prospectos para la residencia municipal.
Los nombres, por ejemplo, de la legisladora federal Adriana Fuentes, de la senadora Lidia Merodio, de Adriana Terrazas recién electa legisladora estatal y de las hermanas Alejandra y Guadalupe de la Vega destacadas y dinámicas militantes del poderoso y bien organizado sector privado, estos nombres, decimos, están boca del electorado.
Tal vez el hueco que deje el alcalde juarense Enrique Serrano, se ocupado por primera vez en la historia juarense, por una de estas ciudadanas. Tal vez
NUEVOS HORIZONTES
PARA LOS PERIOISTAS
Ayer sábado los medios nos dieron a conocer con amplitud y objetividad la renovación de la directiva de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, viejo y arraigado organismo que agrupa a los comunicadores sociales de la frontera y acoge en sus filas a las nuevas y cada vez más numerosas oleadas de periodistas jóvenes de todos los medios.
Por absoluta mayoría fue electo como presidente, por enésima vez, el patriarca de la televisión fronteriza y maestro de incontables generaciones de comunicadores de la radio y la televisión, que son las especialidades de don Arnoldo Cabada. Tendrá a su cargo por cierto, seguir depurando y corrigiendo las fallas del gremio y el cuidado de nuestro idioma.
En materia de radiofonía, por ejemplo, frecuentemente se escuchan palabrejas degradantes del idioma español en algunos medios radiofónicos, con programas de lo más corriente que se pueda concebir y que van dirigidos a sectores desprotegidos de la más elemental malicia, ya no digamos cultura.
La presencia de «locutores» sin primaria y posiblemente sin permiso para manejar un micrófono y tener a su disposición un medio tan penetrante como es la radio, debe tener una limitante o pronto vamos a ver la lengua nacional convertida en un verdadero estropajo. La solución pudiera ser la capacitación permanente.
Mucho daño deben hacer esos seudo locutores y locutoras a los verdaderos comunicadores, maestros del micrófono y del manejo del lenguaje de ayer y de hoy, entre los que retengo en la memoria a Héctor Noriega, Héctor Mendoza Zubiate, Carlos Amaya, Arturo Luján, Trinidad Rivas, Mario Legarreta, Armando Cabada, Javier Mendoza, Jesús Meza, Eleazar Lara, Jesús Soltero Lozoya y tantos otros.
Ojalá la APCJ y las escuelas de comunicación, los gremios a los que están afiliados los locutores y presentadores de programas de radio y televisión, pugnaran por la superación profesional de esos «locutores y locutoras» que desprestigian la radio, al idioma y a los verdaderos profesionales del micrófono.
DOLIDO LLANTO DE LA
“PAELLA VALENCIANA”
Como un doloroso llanto gastronómico, la Paella Valenciana derramó sus lágrimas por la inesperada partida al más allá de Toño Ruiz Caballero ocurrida el lunes pasado.
Maestro en su confección, generoso en su compartición y fanático de su estirpe valenciana, Ruiz Caballero hizo de ese platillo universal su escudo y estandarte para representar con orgullo y gallardía a su patria de origen.
Días antes de su fallecimiento, dedicamos el siguiente epigrama:
De estirpe valenciana/ de Toño Ruiz su Paella/ Deleita cada semana/ Y deja inolvidable huella.
La Paella Valenciana está de luto.
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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