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El Chapo ganó la partida de póker a la James Bond

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El fiscal federal se opone a que los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán presenten evidencias durante el juicio sobre la operación antinarcóticos que se llevó a cabo en 2009 bajo la dirección y autoridad del Departamento de Justicia conocida con el nombre de “Operación Rápida y Furiosa”. Esta Operación fue concebida en gran secreto, tipo a la James Bond, para arrestar a los que ilegalmente vendían y compraban armas a lo largo de la frontera. Se planeó el enviar armas de fuego, con el previo permiso del Departamento de Justicia, a carteles mexicanos, con la misión de identificar, investigar y eliminar a los grupos que traficaban con armas. Siguiendo la pista de estas armas, después de que hubieran sido introducidas de contrabando en México, querían conocer las redes, el transporte y paradero de las armas. De alguna manera planeaban vincular las armas con el cartel que las llegara a usar en la frontera para matar a diestra y siniestra a sus enemigos. No se sabía en esa época si las armas llegaban al cartel de Sinaloa o llegaban a los zetas o a qué otro cartel llegaban.

Pero la Operación fue un desastre. Las autoridades de los EEUU perdieron el rastro de unas 2,000 armas cuando estas pasaron la frontera de contrabando. Había armas tan poderosas que podían derribar helicópteros, destruir aviones comerciales y atravesar vagones de ferrocarril, pero todas estas armas se perdieron y se cree que cayeron en manos del Chapo, pero nunca se supo en realidad qué pasó con todos los cargamentos de armas de gran calibre y con una feroz potencia destructiva.

Esta Operación se encuentra entre las más épicas y famosas operaciones en los anales de la historia de la lucha en contra de los narcotraficantes. Fue uno de los primeros escándalos en el que se vio involucrado en aquel entonces el presidente Barack Obama, lo que explica por qué el fiscal federal le pide ahora al juez en Brooklyn que ordene por tercera vez a los abogados del Chapo que no pueden hacer ninguna mención sobre la famosa Operación durante el juicio. Argumenta el fiscal que esa Operación es irrelevante para el asunto del Chapo, que el abogado defensor simplemente está tratando de engañar al jurado, perjudicando y contaminando las evidencias a favor del Chapo ante los ojos del jurado.
Con que uno (1) de los doce (12) miembros del jurado escuche al abogado defensor y crea en lo que dice pudiera resultar que todo el asunto en contra del Chapo se desmorone.

El abogado defensor del Chapo argumenta que, si el fiscal presenta evidencias de armas que supuestamente usaba El Chapo, entonces el abogado defensor tiene el derecho de explicar cómo fue que estas armas fueron enviadas de contrabando a México y cómo el arma que el fiscal quiere introducir como evidencia ha sido identificada como una de las armas que entraron en la Operación “Rápida y Furiosa” a México. El abogado defensor quiere que el jurado escuche que el Departamento de Justicia no solo metió de contrabando a México más de 2 mil pero quisiera también argumentar al jurado que piensen seriamente si es posible que armas tan poderosas de verdad pueden haberse perdido o si el Departamento de Justicia de alguna manera también estaba coludido con los carteles. Este ataque al fiscal sería una lucha a muerte.

El juez será quien decida si autoriza que se mencione la Operación “Rápida y Furiosa” para que el jurado la tenga en cuenta cuando delibere si El Chapo es culpable o de otra manera el juez decidirá no autorizar a que el abogado defensor mencione la Operación en ningún momento y no pueda comentar ni una sola palabra de cómo fue que más de 2 mil armas de alto calibre llegaron a los carteles en México cómo si estas de verdad fueron enviadas por Santa Claus como regalo de navidad.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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