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En Nuevo León harán uso de la fuerza para cerrar empresas, ante COVID-19

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Todos aquellos comercios que han estado operando sin estar involucrados a los sectores salud y de energía, seguridad y servicios de limpieza, deberían estar cerrados desde el pasado 26 de marzo, cuando el Gobierno Federal pidió suspender actividades No Esenciales como prevención por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, en el área metropolitana de Monterrey hay empresas que han desatendido la orden, poniendo en riesgo de contagio a sus trabajadores, sin que puedan atender la cuarentena. Y debido a esto, las autoridades empezarán a inspeccionar y clausurar esos negocios.

«Observamos en la ciudad que muchas empresas y muchos comercios siguen abiertos. La única forma en la que podemos contener el contagio, es que mandemos a todas las personas a sus casas. Si no lo hacemos así, tendremos graves problemas», expresó Roberto Russildi.

En un video difundido por redes sociales, el secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León advierte que se apoyarán en la fuerza pública para clausurar comercios incumplidos.

«He instruido a la Dirección de Inspección en el Trabajo, para que todos los inspectores salgan y empiecen a clausurar a las empresas que están operando y que no deberían de hacerlo. Las consecuencias podrían ser graves, en caso de que sea necesario, los inspectores se harán acompañar por la fuerza pública», añade.

Russildi concluye su mensaje diciendo que es obligación de los patrones, cerrar y enviar a los empleados a sus casas, y que deben cumplir con esa orden.

Fuente: Vanguardia

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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