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Resto del mundo

Enjuiciarán a Cristina Fernández por encubrimiento a terroristas

Un juez argentino elevó a juicio oral la causa que afecta a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994, abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir.

Según informaron hoy fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio dio por cerrada la instrucción del expediente y sentará en el banquillo, en fecha todavía por determinar, no solo a la exjefa de Estado, sino a su excanciller Héctor Timerman y otros once imputados, algunos de ellos ya detenidos en prisión preventiva.

Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal encargado de la investigación del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires, el mayor que ha sufrido Argentina, que dejó 85 muertos, sigue impune y es atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chií Hezbolá.

El procurador creía que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado, que nunca entró en vigor, buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos exaltos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la exmandataria siempre ha negado.

Bonadio atribuye a Fernández y a otros de sus colaboradores procesados delitos de «encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionarios públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad».

«Se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)», remarca el dictamen del juez.

Según añade el texto, esa «maniobra» se realizó «en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado» y cuya finalidad era, «entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán».

El juez recuerda que esta «compleja maniobra» requirió de «canales paralelos y privados de comunicación y negociación», para lo que fue necesaria la intervención de un grupo de ciudadanos «estrechamente vinculado» con funcionarios y exfuncionarios de los Gobiernos, que contribuyeron, «desde la informalidad», con las acciones necesarias para la concreción del plan.

Por esta causa, la exmandataria, que se considera víctima de una persecución judicial impulsada por el actual Gobierno, ya acudió a declarar como investigada el pasado 26 de octubre, y semanas después, Bonadio pidió al Senado que la despoje de sus fueros parlamentarios para poder ser enviada a prisión preventiva, algo que por el momento no se ha hecho efectivo.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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