Un juez argentino elevó a juicio oral la causa que afecta a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994, abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir.

Según informaron hoy fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio dio por cerrada la instrucción del expediente y sentará en el banquillo, en fecha todavía por determinar, no solo a la exjefa de Estado, sino a su excanciller Héctor Timerman y otros once imputados, algunos de ellos ya detenidos en prisión preventiva.

Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal encargado de la investigación del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires, el mayor que ha sufrido Argentina, que dejó 85 muertos, sigue impune y es atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chií Hezbolá.

El procurador creía que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado, que nunca entró en vigor, buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos exaltos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la exmandataria siempre ha negado.

Bonadio atribuye a Fernández y a otros de sus colaboradores procesados delitos de «encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionarios públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad».

«Se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)», remarca el dictamen del juez.

Según añade el texto, esa «maniobra» se realizó «en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado» y cuya finalidad era, «entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán».

El juez recuerda que esta «compleja maniobra» requirió de «canales paralelos y privados de comunicación y negociación», para lo que fue necesaria la intervención de un grupo de ciudadanos «estrechamente vinculado» con funcionarios y exfuncionarios de los Gobiernos, que contribuyeron, «desde la informalidad», con las acciones necesarias para la concreción del plan.

Por esta causa, la exmandataria, que se considera víctima de una persecución judicial impulsada por el actual Gobierno, ya acudió a declarar como investigada el pasado 26 de octubre, y semanas después, Bonadio pidió al Senado que la despoje de sus fueros parlamentarios para poder ser enviada a prisión preventiva, algo que por el momento no se ha hecho efectivo.