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De EU, Argentina e Italia, padres de bebés de vientres subrogados en Tabasco

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Al menos 16 bebés, algunos de ellos de padres españoles, estadunidenses o argentinos, permanecen en el estado de Tabasco sin que su identidad sea reconocida, en medio de una batalla legal desatada por los cambios en la regulación sobre maternidad subrogada en esa región del sur de México.
Tabasco es, junto con Sinaloa, el único de los estados mexicanos cuya legislación contempla este tipo de gestación, desde los años 90. Sin embargo, la reforma del Código Civil del 13 de enero de 2016 puso ciertos límites, dejando fuera a parejas homosexuales, solteros y extranjeros.

Entre los padres que ahora están a la espera de que se les concedan las actas de nacimiento de sus bebés se encuentran personas de nacionalidad mexicana, española, estadounidense, argentina e italiana.

ACUERDOS FIRMADOS ANTES DE LA REFORMA AL CÓDIGO CIVIL
Todos firmaron contratos para el procedimiento de maternidad subrogada antes de la fecha de la reforma.

Sin embargo, al acudir al Registro Civil, a partir de finales del pasado año, se encontraron con la negativa de los funcionarios para registrar a los bebés, dado que las transferencias embrionarias se produjeron después de enero de 2016.

Los diferentes abogados que respaldan a las familias involucradas en el conflicto se han visto obligados a interponer amparos para que los bebés sean reconocidos como suyos, alegando que no se puede aplicar una ley de manera retroactiva.

Los procedimientos de amparos pueden extender la espera todavía más semanas, porque no es «un trámite rápido», dice el abogado Edgar Fragoso.

El proceso de maternidad subrogada oscila entre los 500 mil y los 700 mil pesos.

En este sentido, comenta que, entre sus clientes, los que tienen este proceso más avanzado, una pareja argentina, están citados a la audiencia del juicio de amparo a mediados de marzo.

La clave en este problema, de acuerdo con el abogado, es que a finales del año pasado «cambiaron a la directora del Registro Civil».

La actual directora, Patricia del Carmen Osorio, «entra sin saber nada y está influenciada por el coordinador de Asuntos Jurídicos de Tabasco», Juan José Peralta, dice Fragoso, quien señala a este funcionario como el principal opositor de que se concedan las actas de nacimiento a los bebés.

En todo esto, el abogado percibe un «tema de homofobia», por la restricción que ha supuesto el cambio de normativa a las parejas del mismo sexo, aunque el gobierno estatal -señala- ha manejado mediáticamente el asunto centrándose a lo relativo a los extranjeros.

Las autoridades de Tabasco, con su negativa, no están teniendo en cuenta factores como que «un procedimiento de fecundación in vitro no tiene necesariamente que terminar en un embarazo», afirma el abogado León Altamirano, especializado en los casos de maternidad subrogada.

El proceso, continúa, abarca un periodo de tiempo incierto porque está condicionado por diversas variables, como cuántos embriones resulten de la fecundación o de si estos tienen una cierta calidad para ser transferidos.

Los abogados mencionan que, en mitad de este conflicto legal, las autoridades del estado dieron la orden de localizar y «asegurar» a los bebés nacidos por la figura de la maternidad subrogada tras la reforma.

Ante esto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tabasco «presentó un comunicado en el que dijo que no están autorizados para realizar ningún tipo de aseguramiento y no tiene derecho para dar en adopción a bebés que tienen papás», relata Altamirano.

Un padre de origen griego pero de nacionalidad estadunidense se vio afectado por esta medida. Su bebé fue resguardado por el DIF durante aproximadamente un mes, aunque finalmente le fue devuelto esta semana.

El coste para los padres que contratan un proceso de maternidad subrogada oscila entre los 500 mil y los 700 mil pesos (entre 24.523 y 34.333 dólares), a lo que hay que sumar los gastos sanitarios que requiere la mujer en el embarazo y el parto, de acuerdo con datos del Care Surrogacy Center México.

Contratar este procedimiento en México es hasta tres veces más barato que hacerlo en el vecino Estados Unidos.

Excelsior

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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