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Todo EU busca a este joven por el presunto secuestro de Heidi Todd

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Luego de la desaparición de Heidi Tood, una pequeña de 4 años, en Charleston,. Carolina del Sur, la policía ha emitido un retrato hablado de la probale persona que la secuestró.

«¡Por favor compartan! La Policía publicó este boceto de una persona de interés en la desaparición de Heidi Todd, de 4 AÑOS DE EDAD. Los oficiales dicen que tiene un tatuaje en la cara.

«Si sabes algo, llama al 843-619-6123», dice el mensaje policial.

La policía de Charleston difundió este boceto tras la desaparición de la pequeña en Johns Island, en el condado de Charleston, S.C.

La persona es hispana, con un tatuaje de llama en la mejilla izquierda y un tatuaje de rayo en la mejilla derecha. La policía dice que tiene entre 30 y 40 años.

El boceto se basa en la descripción proporcionada por un vecino tras ver a una persona en el barrio de Johns Island, donde Todd desapareció, de acuerdo con el alcalde de Charleston, John Tecklenburg.

La niña fue extraída de su domicilio a las cuatro de la tarde del martes luego de que un desconocido golpeara brutalmente a su madre, Brittany Todd, cuando ingresaba a su casa en Sweetleaf Lane, en Johns Island.

Brittany Todd describió haber sido atacada por un hombre hispano flaco, de entre 25 y 30 años, con el pelo corto y vestido de gris.

La policía no ha proporcionado ninguna otra característica de identificación.

La señora Todd fue trasladada a un hospital local para el tratamiento de sus heridas. El alcalde de Charleston, John Tecklenburg, dijo que se encuentra en buenas condiciones.

Brittany Todd es madre de otros cuatro hijos, dos de los cuales estaban en el hogar en ese momento, según Tecklenburg. Los otros niños resultaron ilesos, informó la policía.

El FBI ofrece una recompensa de 10 mil dólares por información que conduzca a la recuperación de Heidi Todd. Otro ciudadano ofrece anónimamente otros diez mil, dijo la policía.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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