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Exasesor de campaña de Peña, acepta que financió el ataque armado en Venezuela

El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió este miércoles haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, Jordan Goudreau, al que pagó 50 mil dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno.

“Era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen (de Nicolás Maduro) con indictments (acusaciones), orden de captura, etcétera”, reconoció Rendón en una entrevista con la CNN en español en la que sostuvo que Guaidó no firmó el acuerdo y que Goudreau finalmente no recibió “luz verde” para la operación.

J.J. Rendón, como es conocido, aseguró que se trataba “de un acuerdo preliminar que no llego a hacerse efectivo”.

Entre el domingo y el lunes, las autoridades venezolanas interceptaron dos intentos de intervención marítima en los estados de Aragua y La Guaira, cercanos a Caracas, en los que murieron ocho personas y fueron detenidas otras 18.

El Presidente venezolano Nicolás Maduro durante una reunión telemática este lunes, en Caracas, Venezuela, aseguró que la fallida incursión marítima que frustró el domingo su Gobierno tenía como “objetivo central” matarlo a él. Foto: Prensa Miraflores vía EFE

Entre los arrestados se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, ambos exmilitares y que contaban con una identificación de Silvercorp, según las pruebas difundidas por el Gobierno venezolano.

Denman aseguró que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas, para enviar a Maduro a EU, donde es buscado por varios delitos relacionados con el narcotráfico.

En un interrogatorio cuyo video fue difundido por el Presidente venezolano, Denman explicó que su parte del plan, calificado por el Gobierno venezolano como una invasión frustrada, consistía en establecer una “propia seguridad”, comunicarse con las torres del aeropuerto que sirve a Caracas y “hacer entrar los aviones”.

“Uno (de esos aviones) era para tomar a Maduro y llevarlo hasta Estados Unidos”, añadió.

En su entrevista con la CNN en español, J.J. Rendón explicó que hasta el momento solo se han mostrado siete de las ocho páginas del acuerdo firmado, que tenía “42 páginas de anexo”.

En ellas se explicaba “el propósito exploratorio de ese acuerdo que no llegó a ser ejecutado, perfeccionado. Entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo”, abundó el estratega, que ha desarrollado buena parte de su carrera política en Colombia.

Según su versión, tenían “el encargo de analizar todos los escenarios posibles para el cese de la usurpación” que consideran que Maduro hace de la Presidencia venezolana.

Por eso, abordaron el tema con Goudreau pero no “era una cosa pública, no era para estar hablando en medios, se mantiene con discreción”.

Es en ese contexto en el que se produjeron “muchas reuniones que se hicieron en esa época para determinar la factibilidad en todos los aspectos: jurídico, militar, económico, financiero, internacional, diplomático, de una eventual acción de captura de personas con indictments”, apostilló J.J. Rendón.

“El Gobierno legítimo del Presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país, con lo cual se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, de gente de adentro que desconozca (a Maduro) y se pliegue a la Constitución, el uso de eventuales actores que estaban afuera (o) de militares retirados”, comentó.

Y subrayó: “Como bien dijo el Presidente (Guaidó) estamos analizando cosas por encima de la mesa y por debajo de la mesa”.

Sin embargo, aseguró que, pese a la firma del contrato y el pago, posteriormente le notificaron a Goudreau que “se cancelaba” el contrato pero entiende que el contratista asumió “que estaba vigente” y trata de ampararse “en esta operación suicida”.

Fuente: EFE

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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