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Política

Exgobernador de NL se ampara contra embargo

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El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz tramitó una suspensión de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en contra del embargo precautorio que el estado aplicó en su contra.

La medida de protección que obtuvo también contempla multa excesiva, ataques de libertad personal fuera de procedimiento y destierro, entre otros. Fuentes allegadas a la investigación revelaron que el exmandatario tramitó la suspensión provisional de amparo mediante sus abogados, Alfonso Aguilar Zínser y Javier Flores Zaldívar, quien se desempeñó como Procurador General de Justicia en el estado, durante los últimos meses de su gestión.

El próximo 28 de junio, Medina de la Cruz asistirá a la audiencia ante un juez de control en la que se le imputarán cargos. La medida de protección se da luego de que hace semanas se anunció el embargo de bienes de Medina de la Cruz, dentro de la “Operación Tornado”, impulsada por la Subprocuraduría Anticorrupción, que encabeza Ernesto Canales.

El juicio de amparo quedó asentado como el 425/2016 y entre los actos reclamados en la suspensión provisional se contempla: ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro. Así como desaparición forzada, mutilación, infamia, marca, los azotes, palos, tormentos de cualquier especie, multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental.

El pasado 3 de junio, la Subprocuraduría Anticorrupción reveló la “Operación Tornado” en la que se presumen delitos de peculado, patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y ejercicio abusivo de funciones, entre otros.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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