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Expulsan a 15 funcionarios de la embajada cubana en Washington

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Estados Unidos ordenó este martes la salida de 15 funcionarios de la embajada cubana en Washington, en respuesta a los supuestos «ataques» acústicos que han sufrido al menos 22 diplomáticos estadunidenses en Cuba, y que han llevado al Departamento de Estado a reducir su personal en la isla caribeña.

«El Departamento de Estado ha informado al Gobierno de Cuba de que ha ordenado la salida de 15 de los funcionarios de su embajada en Washington», dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en un comunicado.

La reducción afecta a casi dos tercios del personal de la embajada de Cuba en Washington, según medios estadounidenses; aunque el Departamento de Estado no ha querido confirmar el porcentaje de funcionarios cubanos afectados.

«La decisión se ha tomado debido al fracaso de Cuba a la hora de dar pasos adecuados para proteger a nuestros diplomáticos de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención de Viena. Esta orden asegurará la equidad en nuestras respectivas operaciones diplomáticas», explicó Tillerson.

El Departamento de Estado ha proporcionado al embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, «una lista» con los nombres de los 15 funcionarios que deben salir del país en un plazo de siete días, según explicó a los periodistas un diplomático estadounidense, que pidió el anonimato.

«Este paso no significa un cambio de política o una determinación de responsabilidad por los ataques al personal del Gobierno estadounidense en Cuba», subrayó el citado funcionario.

Tillerson, por su parte, aseguró que Estados Unidos «mantiene sus relaciones diplomáticas con Cuba y seguirá cooperando» con las autoridades cubanas «en la investigación sobre los ataques» a los diplomáticos estadunidenses.

Estados Unidos elevó este martes a 22 la cifra de funcionarios estadunidenses que han experimentado síntomas como «problemas en el oído y pérdida de audición, mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos y dificultad para dormir» debido a los incidentes.

El Departamento de Estado no ha llegado a confirmar que los ataques se produjeran con un dispositivo «acústico», como han apuntado algunos medios de comunicación, y sigue investigando los sucesos, que comenzaron a registrarse a finales de 2016 y cuyo último episodio confirmado tuvo lugar este agosto pasado.

El Gobierno cubano ha negado toda relación con los ataques, que está investigando, y ha tachado de «precipitada» la decisión de Washington de retirar a sus diplomáticos y aconsejar a todos los estadunidenses que no viajen a la isla.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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