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Política

Gobierno de Borge deja obras inconclusas en Quintana Roo

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Detectan obras inconclusas del gobierno de Roberto Borge que ponen en riesgo programas de infraestructura para la administración del gobernador electo Carlos Joaquín González.

El equipo de transición dio a conocer el monto de la deuda del estado de Quintana Roo, que al día de hoy asciende a: $22,175,783,814.00 (Veintidós mil millones, ciento setenta y cinco mil millones, setecientos ochenta y tres mil, ochocientos catorce) pesos.

El Coordinador General del Equipo de Transición, Francisco López Mena, informó que aun con información incompleta, en materia de educación, se logró identificar que en 18 planteles, se tiene atraso en la construcción, y adecuación de espacios educativos en el Programa de Reforma Educativa, “si estas construcciones no son finalizadas antes del 30 de septiembre, el financiamiento será suspendido definitivamente”, dijo.

En conferencia de prensa, López Mena mencionó que en las dependencias que han visitado para la entrega-recepción, se encontraron con una situación de carencia de infraestructura, equipo y materiales, y la falta de capacitación del personal para que todos realicen adecuadamente su trabajo.

Agregó que se han tenido reuniones en la Fiscalía General, en la Secretaría de Seguridad Pública, y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, en donde se detectaron varios problemas como la falta de patrullas, recursos financieros para realizar operativos, el alto número de aspirantes rechazados para ocupar una plaza, y equipo propiedad del Gobierno del Estado que se encuentra dado en comodato sin el debido soporte documental.

Francisco López Mena, comentó que el gobernador electo Carlos Joaquín, tiene un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, y por ello dan a conocer los avances del proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal.

Por su parte, el coordinador del Eje de Finanzas y Contraloría del Equipo de Transición, Juan Vergara, informó que el estado de Quintana Roo se encuentra en una grave situación de déficit fiscal que le dejaría corto margen de maniobra al gobierno de Carlos Joaquín.

“La política del Gobernador Electo Carlos Joaquín es un pla de austeridad total, y eso no significa que vaya a haber recorte en gastos operativos para que el gobierno siga funcionando, se va a hacer un análisis y una reingeniería, para supervisar la aplicación correcta del presupuesto, y a donde van esos recursos”, dijo.

Agregó que el gobierno que encabezará Carlos Joaquín, tiene la política de no contratar más deuda, y que se está negociando la restructuración de la deuda que deja el gobierno saliente.

Juan Vergara comentó que el próximo domingo 25 de septiembre toma de protesta de Carlos Joaquín como gobernador del estado de Quintana Roo, y que al día siguiente, lunes 26 de septiembre, ya podrán conocer al cien por ciento el estado en que guardan las finanzas de la administración pública estatal.

 

 

Publimetro

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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