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Gobierno de Joe Biden ya deportó a cientos

El Gobierno del Presidente Joe Biden ha deportado a cientos de inmigrantes en sus primeros días, a pesar de su promesa de campaña de que dejaría de expulsar a la mayoría de las personas que están ilegalmente en Estados Unidos desde el comienzo de su mandato.

Un Juez federal le ordenó la semana pasada al Gobierno de Biden que no implementara una moratoria de 100 días a las deportaciones, pero el fallo no requería que el Gobierno las programara. En días recientes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha deportado a inmigrantes a cuando menos tres países: 15 personas a Jamaica el jueves y 269 a Guatemala y Honduras el viernes. Había más vuelos de deportación programados el lunes.

Se desconoce cuántas de esas personas son consideradas amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad pública, o habían cruzado recientemente la frontera de forma ilegal, casos que se consideran prioritarios según las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que entraron en vigor el lunes.

Algunas de las personas repatriadas podrían haber sido expulsadas —un proceso más rápido que la deportación— con base en una orden de salud pública que el expresidente Donald Trump invocó durante la pandemia de coronavirus y que Biden ha mantenido.

En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, las autoridades de inmigración deportaron el viernes a una mujer que atestiguó la masacre de 22 personas en un Walmart en 2019. Ella había accedido a declarar en contra del agresor y se ha reunido con los fiscales locales, según sus abogados.

A la mujer se le marcó el alto el miércoles cuando conducía porque no le funcionaba una luz de freno a su vehículo; quedó detenida con base en citaciones previas de tránsito, y luego fue transferida al ICE, que la deportó antes de que pudiera contactar a su abogado, dijo Melissa Lopez, directora ejecutiva del organismo sin fines de lucro Diocesan Migrant & Refugee Services, que la representa.

Fuente: AP

Nota Principal

Incertidumbre congela inversiones en México: reformas judiciales y aranceles de Trump golpean la confianza

El crecimiento económico de México para 2025 podría estar en riesgo si no se generan condiciones de certidumbre para los inversionistas. Así lo advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que prevé un panorama desafiante ante los cambios políticos y económicos tanto internos como externos.

Una de las mayores preocupaciones es la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Aunque Sheinbaum ha dicho que buscará abrir un diálogo sobre el tema, la posibilidad de que los jueces y magistrados sean electos por voto popular ha generado inquietud entre los mercados. Para el IMEF, estas iniciativas, si no se manejan con responsabilidad y apertura, podrían minar el Estado de derecho y desalentar la inversión, justo cuando México necesita consolidar su papel como destino clave para el “nearshoring”.

Por si fuera poco, en Estados Unidos, el virtual candidato republicano Donald Trump ha intensificado su discurso proteccionista y ha sugerido que, de volver a la presidencia, impondría un arancel universal del 10?% a todos los productos importados. Esta postura ha encendido las alarmas entre empresarios mexicanos que exportan hacia ese país, el principal socio comercial de México. El IMEF considera que este tipo de medidas no solo afectarían el comercio bilateral, sino también los flujos de inversión que hoy se ven beneficiados por el T-MEC.

Además, el organismo alertó sobre una desaceleración económica en el país: la expectativa de crecimiento para 2025 se redujo de 2.1?% a 1.9?%, mientras que la inversión privada muestra signos de estancamiento. Aunque la inflación parece estar bajo control, con una tasa anual del 4.78?% en junio, la alta tasa de interés (actualmente en 11?%) podría seguir afectando el dinamismo económico.

En este contexto, el IMEF hizo un llamado al nuevo gobierno a generar señales claras de estabilidad, institucionalidad y respeto al Estado de derecho, condiciones necesarias para atraer inversiones y sostener el crecimiento. La ventana del “nearshoring” sigue abierta, pero sin confianza, México podría desaprovecharla

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