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Gobierno de Macron creará 15 mil 500 plazas de asilo para refugiados

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Francia creará 12 mil 500 nuevas plazas para recibir solicitantes de asilo y refugiados en los próximos dos años, anunció este miércoles el primer ministro, Edouard Philippe, durante la presentación de un plan para hacer frente a la llegada masiva de migrantes.

Paralelamente, el primer ministro dejó claro que los migrantes que no obtengan el estatuto de refugiados serán expulsados «sistemáticamente».

«Los migrantes económicos deben entender que no es posible que los recibamos a todos en nuestro país», señaló.

En total, el gobierno del presidente centrista Emmanuel Macron indicó que creará 4 mil plazas en 2018 para los solicitantes de asilo y 3 mil 500 en 2019, a las que se sumarán 5 mil más en el mismo período para los refugiados.

«No estamos a la altura de lo que debe ser Francia» en cuanto a la recpción de refugiados y solicitantes de asilo, admitió Philippe.

El objetivo, agregó, será «reducir considerablemente los plazos para tramitar» los pedidos de asilo. En 2016, el plazo era de 14 meses y el objetivo es llevarlo a 6, como había anunciado Macron.

La reforma del sistema de asilo, «saturada por todas partes», según las propias palabras de Macron, ya fue objeto de una ley en julio de 2015 para hacer pasar de dos años a nueve meses el plazo para obtener una respuesta.

Pero ese texto, elaborado antes de la crisis de refugiados, no fue suficiente para hacer frente a las llegadas masivas a Francia desde 2015. Según cifras oficiales, el año pasado Francia recibió 85 mil solicitudes de asilo.

Con este plan, el gobierno francés busca también poner fin al ciclo de reinstalación sistemática de campamentos informales en las calles de París. El viernes, 2 mil 800 personas fueron evacuadas de un asentamiento que se había formado en el norte de la capital, pero el lunes más de 200 migrantes se habían reinstalado.

Pero, Francia no es el único país europeo que hace frente a una llegada masiva de migrantes. La vecina Italia registra más de 85 mil arribos, esencialmente provenientes de África, desde inicios de año.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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