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Gobierno venezolano denuncia ‘cinismo supremacista’ de Pence

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Venezuela denunció este martes el «cinismo supremacista» del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien pidió suspender las elecciones del 20 de mayo en las que el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección.

«El Sr Pence, en su cinismo supremacista, pretende encubrir los daños que su gobierno ha provocado en la sociedad venezolana», señaló la cancillería en un comunicado, que reiteró que los comicios no tienen marcha atrás.

El lunes, al intervenir ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pence llamó a Maduro a cancelar los comicios anticipados y pidió suspender a Venezuela del organismo.

«El 20 de mayo, sin falta, ocurrirán las elecciones presidenciales en Venezuela y el pueblo defenderá con votos su derecho a decidir, sin intervenciones», indicó la cancillería, reiterando lo dicho el lunes por el mandatario venezolano.

El gobierno de Maduro afirmó que la «conducta arrogante» de la Casa Blanca reafirma «la decisión de Venezuela de renunciar a su membresía en la OEA», instancia a la que acusó de ser un «instrumento de agresión que revive el colonialismo».

«En los últimos años, la OEA ha reafirmado su condición originaria de organismo colonialista, al servicio de las ambiciones de dominación de Washington en nuestra región», añade el texto.

Venezuela anunció en abril de 2017 su retirada de la OEA, pero el proceso de salida tomará dos años.

El lunes, Washington amplió sus sanciones contra Venezuela al bloquear activos a tres venezolanos, incluido un antiguo jefe policial, y 20 empresas por supuestos nexos con narcotráfico y lavado de dinero.

Las votaciones en Venezuela son boicoteadas por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que se negó a postular candidatos a un proceso que considera «un show fraudulento». Sin embargo, el opositor y disidente del chavismo, Henri Falcón, se inscribió por su cuenta.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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