Indonesia quiere incluir en la reforma de los artículos 484 y 488 del código penal, cláusulas que prohíben las relaciones sexuales fuera del “matrimonio legal” y como el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en ese país, esta reforma supone, la criminalización de la homosexualidad.

La estrategia parece ser la forma que los políticos indonesios han encontrado para convertir en delito las relaciones homosexuales pues el año pasado, el Tribunal Constitucional rechazó una petición para que lo buscaba.

De acuerdo con lo declarado por un hombre habitante del lugar que dice sufrir discriminación a diario, esta medida es resultado de la unión del sistema político conservador y el reciente auge del islamismo integrista.

La aprobación de las enmiendas estaba prevista para el segundo mes del año pero fue retrasada. Sin embargo, cuenta con el visto bueno de los diez partidos políticos más relevantes, por lo que hay pocas probabilidades de que sea rechazada.

Los promotores de estas medidas argumentan que los indonesios están a favor de la reforma legal, y algunas encuestas así lo corroboran: en diciembre, un 87,6% de quienes respondieron a las preguntas de la consultoría Saiful Mujani afirmaron que el colectivo LGBTI «representa una amenaza social».

El 81,5% justificó su opinión diciendo que «la religión prohíbe ese tipo de sexualidad», y solo el 57,7% consideró que los no heterosexuales «tienen derecho a la vida». Incluso, un diputado islamista, Muslin Ayub, fue más allá y propuso castigar a los gais con la pena de muerte.

Ante esta situación, Naciones Unidas ha pedido a Indonesia que no apruebe la reforma del código penal pues considera que «la retórica de odio contra la comunidad LGTB se está cultivando con objetivos políticos muy cínicos y solo provocará sufrimiento y una mayor división innecesaria».