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Interjet es un dolor de cabeza, afirma Profeco

Este año el dolor de cabeza lo ha dado Interjet, responde Ricardo Sheffield cuando se le pregunta sobre el trabajo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor para poner orden en el sector de la aviación comercial.

En entrevista con El Sol de México, cuenta que son varios millones de pesos en multas a esta aerolínea. Sólo entre enero y septiembre Interjet acumuló en el sector la mayor cantidad de quejas de los usuarios: mil 440, el doble de todo 2018, principalmente por retrasos y cancelaciones en los periodos vacacionales de Semana Santa y verano.

Entre el 29 y el 31 de julio fueron cancelados 133 vuelos en todas las rutas operadas por Interjet, lo que afectó a más de 18 mil pasajeros; esto, además de 22 vuelos con demoras que impactaron a casi tres mil usuarios. La aerolínea argumentó la falta de tripulación suficiente para sus vuelos.

“Espero que (Interjet) pueda arreglar sus problemas internos y de organización para generar menos dolores de cabeza a los consumidores en este país”. Por lo pronto, reconoce, hay una mejoría en esta empresa en el cierre de año.

Esta tendencia, asegura, ya se observa en la industria en general, resultado de ese trabajo de 13 meses para “meter orden” en los servicios de la aviación comercial. “Al inicio del año se retrasaba un vuelo y ni te hacían el favor de decirte, ni explicaban por qué se había retrasado, ahora te informan por cuánto tiempo, por qué, por altavoz, por la pantalla te ponen cuánto tiempo de retraso y hasta en tu teléfono.

“Se ha dado una amplia difusión, como obliga la ley, por parte de los proveedores del servicio de transportación aérea de los derechos que tenemos como consumidores, ha habido millones de pagos en indemnizaciones por atrasos, por cancelaciones, creo que está mejorado y el próximo año ya con la plena implementación de las reformas de ley que se dieron en 2018 iremos viendo un mejor servicio en la aviación mexicana”.

El empoderamiento de los consumidores, dice el procurador, es un tema fundamental para la Cuarta Transformación y parte de esta tarea se consolida cada lunes en la conferencia mañanera del Presidente, cuando se presenta el Quién es quién en los combustibles.

Fuente: El Sol de México

México

Pablo Gómez y el bisturí electoral. Por Caleb Ordóñez

Gómez tiene 78 años, pero su energía política no ha mermado. Fue uno de los líderes estudiantiles más visibles del movimiento del 68 y pagó con cárcel su activismo. Desde entonces, su vida ha transcurrido entre cargos legislativos, batallas ideológicas y una constante crítica al poder económico y político. Como presidente del PRD en los 90, como legislador en múltiples ocasiones y, más recientemente, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha construido una reputación de ser incorruptible, directo y temido.

Su relación con López Obrador es larga y compleja. Han sido aliados desde los tiempos fundacionales de la izquierda moderna en México, aunque han tenido diferencias tácticas. Sin embargo, comparten una visión crítica del régimen neoliberal, una desconfianza hacia el aparato judicial y un desprecio profundo por la simulación institucional. Que Claudia Sheinbaum lo haya convocado ahora, al inicio de su mandato, es una señal inequívoca de que el gobierno busca una reforma electoral de gran calado y sin compromisos a medias.

Un programa ambicioso y disruptivo

Pablo Gómez no tardó en delinear su visión. Lo hizo con claridad y sin rodeos: propone eliminar el fuero, establecer elecciones primarias obligatorias para los partidos, reducir el financiamiento público a las fuerzas políticas y reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE). Y, sobre todo, quiere que este proceso no sea una negociación entre dirigencias partidistas, sino un debate abierto con la ciudadanía, especialistas, legisladores y organizaciones civiles.

Eliminar el fuero ha sido una bandera constante en la narrativa de la 4T. Gómez lo considera un privilegio arcaico que ha servido más para encubrir corrupción que para proteger la libertad política. Aunque el Congreso ya reformó el artículo 108 para permitir que el presidente sea juzgado por delitos comunes, la idea ahora es extenderlo a todos los cargos públicos. Críticos advierten que esto puede dar pie a persecuciones judiciales, pero el exjefe de la UIF insiste en que la verdadera garantía de justicia está en un sistema judicial fuerte, no en el blindaje político.

En cuanto a las primarias obligatorias, la propuesta busca acabar con la opacidad en la selección de candidatos. Gómez acusa que los partidos (todos, sin excepción) han usado encuestas a modo, acuerdos cupulares y decisiones unilaterales para imponer a sus abanderados. Su propuesta: que el INE organice primarias abiertas, auditadas y fiscalizadas, con padrones limpios y reglas claras. Esto sacudiría profundamente las estructuras internas de Morena, el PAN, el PRI y demás.

Sobre el financiamiento público, la crítica es dura y sustentada: México es uno de los países que más dinero otorga a sus partidos. En 2024, se destinaron más de 10,000 millones de pesos a su operación. La idea de Gómez es sencilla: reducir significativamente los recursos públicos, especialmente en años no electorales, y fortalecer la fiscalización. Aunque suena popular, implica riesgos: menos recursos públicos podrían abrir espacio a dinero privado o ilícito, por lo que insiste en que la vigilancia debe ser más severa, no más laxa.

El INE en la mira

El punto más espinoso será, sin duda, la reestructuración del INE. A diferencia de propuestas anteriores, Gómez no plantea su desaparición, pero sí una transformación profunda: menos consejeros, sueldos más bajos, una estructura menos burocrática y más control ciudadano. La idea es que el INE deje de ser, en palabras del propio Gómez, “una élite cerrada que se auto perpetúa” y se convierta en un verdadero árbitro ciudadano.

Esta propuesta ya ha encendido alertas en sectores de la oposición y de la sociedad civil organizada, que ven en cualquier modificación al INE una amenaza directa a la democracia. Pero Gómez insiste en que no se trata de debilitarlo, sino de actualizarlo y devolverle legitimidad ante una ciudadanía cada vez más crítica. Su promesa: abrir el debate a foros públicos, a expertos y a la ciudadanía, para que el rediseño no sea un pacto cupular, sino una decisión colectiva.

Nada de esto será fácil. Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para reformar la Constitución. Será necesario negociar con la oposición, convencer con argumentos, resistir las presiones internas y articular una narrativa que conecte con la sociedad.

¿Habrá voluntad para cambiar las reglas?

En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones es alta y el desencanto ciudadano va en aumento, una reforma electoral profunda podría ser el primer paso para reconstruir la legitimidad del sistema democrático. No bastará con diagnósticos ni con intenciones; se necesita convicción, coraje y capacidad política.

Con Pablo Gómez, Sheinbaum apuesta por un reformista con legitimidad histórica, trayectoria intachable y una lengua filosa. Pero también con una historia que incomoda a muchos: no está ahí para simular ni para negociar privilegios, sino para empujar un cambio verdadero.

La gran pregunta no es si habrá reforma. La pregunta es si los partidos políticos (todos) estarán dispuestos a sacrificar sus ventajas históricas en nombre de una democracia más transparente, más equitativa y más cercana a la gente.

Porque, como bien lo sabe el Pablo Gómez opositor, los sistemas no cambian desde arriba ni desde afuera: cambian cuando alguien desde adentro se atreve a desafiar los privilegios de siempre. Y parece que esta vez, el desafío va en serio, ¿o caerá en la politiquería que tanto criticó desde joven?

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