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Jóvenes delinquen más, pese a programas para alejarlos del crimen

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La participación de adolescentes en infracciones a la ley o hechos delictivos, tanto del fuero común como del fuero federal, se incrementó 8.2 por ciento en los primeros cuatro meses de 2021, pese a los esfuerzos del gobierno federal por evitar que los jóvenes caigan en el crimen.

Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) muestran que en enero había en el país una población de 5 mil 266 adolescentes en conflicto con la ley; para abril la cifra subió a 5 mil 699.

En ese lapso también se incrementó la aplicación de medidas de suspensión condicional del proceso, salida alterna para que la persona imputada termine su proceso penal mediante un plan de reparación del daño.

La estadística oficial no cuenta con datos para enero sobre el número de adolescentes que han accedido a esa figura, pero para abril fueron mil 145, en su mayoría personas que regresaron al seno familiar.

Por tipo de infracción, según las cifras oficiales, son las relacionadas a hechos delictivos del fuero común las que más cometen los adolescentes, entre ellas, por ejemplo, el robo, lesiones u homicidios.

En enero había 4 mil 669 adolescentes relacionados con alguna infracción a la ley o hecho delictivo del fuero común y 597 más estaban ligados a hechos del fuero federal, incluido el tráfico de droga.

Para abril, ambos indicadores se incrementaron. En el caso de las infracciones a la ley del fuero común pasó a 4 mil 847 (3.1 por ciento más), y los vinculados a hechos del fuero federal subieron a 852 (42.7 por ciento de alza).

Lo anterior, a pesar de que el presidente López Obrador ha señalado que los adolescentes son un sector de la población altamente vulnerable ante el crimen organizado, y sostiene que atender a este segmento permitiría “serenar” al país, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El mandatario dijo en agosto de 2019 que hay varios programas de apoyo a jóvenes, “para que nadie sea enganchado o sonsacado y se vaya a la delincuencia… Queremos atender a los jóvenes para que, de esta manera, podamos serenar al país”, insistió en un evento en Coahuila.

Incluso ayer, en Chihuahua, López Obrador señaló que “la verdadera contienda con los jefes de los grupos delictivos” es “que no se lleven a los jóvenes, que no sean parte de un ejército de reserva para la delincuencia, y eso sólo se logra atendiendo a los jóvenes, al pueblo, combatiendo la pobreza”.

En relación con su estatus jurídico, la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley está con una sanción.

En enero había 2 mil 81 adolescentes aún bajo proceso y 3 mil 185 ya tenían una sanción, mientras que para abril la cifra de procesados fue de mil 341 bajo proceso y 3 mil 213 ya sancionados.

Para abril había mil 145 adolescentes que estaban ya bajo la figura de la suspensión condicional del proceso, por lo que estos no se catalogan como procesados y ya sancionados.

Los 10 estados con mayor número de adolescentes en conflicto con la ley para abril eran Jalisco (903), Sonora (497), Estado de México (442), Guanajuato (371), San Luis Potosí (334). La lista la completan Nuevo León (293), Chihuahua (276), Zacatecas (223), Baja California (217) y Aguascalientes (214).

Fuente: El Financiero

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia,

secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los

reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el

temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única

reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando

cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta

rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o

desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando

todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos

hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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