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Juez determina prisión sin fianza para autor de tiroteo en Florida

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Un juez de Florida determinó este jueves prisión sin fianza para Nikolas Cruz, que enfrenta 17 cargos criminales por la matanza que perpetró en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School y que se cobró la vida de 17 personas.

En una audiencia celebrada la tarde de este jueves, el acusado, de 19 años, compareció en una corte del condado Broward, en el sur del estado, vestido con overol color naranja, esposado y acompañado de su abogada.

Su representante legal declaró brevemente a los medios que su defendido, un exestudiante del centro escolar, se encuentra “profundamente arrepentido”, “roto” y que es “consciente de lo que está pasando”.

En una rueda de prensa, el alguacil del condado Broward, Scott Israel, dio a conocer que Cruz ha sido acusado de 17 cargos de asesinato premeditado por la masacra que perpetró en la secundaria de la localidad de Parkland, al norte de Miami, y que todas las familias de las víctimas mortales ya han sido notificadas.

El alguacil se refirió al joven, que la tarde del miércoles disparó dentro y fuera del centro escolar con lo que se presume fue un fusil semiautomático AR-15, como una persona con problemas mentales.

La Policía sigue trabajando para conocer los motivos que llevaron a Cruz, de 19 años, a abrir fuego sobre profesores y alumnos de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de la que fue expulsado el pasado curso por comportamiento violento, y donde todavía permanecen varios cuerpos.

De la quincena de heridos que llegaron a los hospitales cercanos tres permanecen en estado crítico, mientras que los demás están en condición estable o ya fueron dados de alta.

La matanza perpetrada por Nikolas Cruz, de quien algunos conocidos han aseverado que sufría un grado de autismo, tal como recoge el diario Sun Sentinel, ha destapado otra vez el debate sobre la regulación de armas.

El gobernador de Florida, Rick Scott, aseguró hoy que la próxima semana se reunirá con congresistas estatales para que no haya una nueva tragedia como ésta.

Con información de EFE

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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