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Política

Justicia peruana acorrala a expresidente Kuczynski

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Un juez peruano prohibió el sábado salir del Perú por 18 meses al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras un grupo de fiscales anticorrupción allanaba sus dos casas en la capital.

Juan Sánchez, magistrado del primer juzgado de investigación, ordenó tras una sesión de poco más de una hora que Kuczynski permanezca en el territorio peruano tiempo en el cual será investigado por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos ligados a la firma brasileña Odebrecht.

El fiscal Hamilton Castro, que lidera la investigación, dijo que existía «la sospecha criminal» que obligaba incorporar a Kuczynski como investigado.

Añadió que era necesario indagar si Kuczynski, mientras era un funcionario clave del gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), favoreció a empresas ligadas a Odebrecht.

«El Perú desde siglo XIX asiste al triste espectáculo de que sus presidentes o expresidentes se van del país rehuyendo de la justicia u otros que retornan cuando el delito ha prescrito…esa es una razón histórica que los operadores de justicia tenemos que tomar en cuenta», añadió Castro.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, dijo brevemente que su patrocinado iba a aceptar el pedido del fiscal. El expresidente no asistió a la sesión.

Al mismo tiempo la fiscalía informó en su cuenta oficial de Twitter que dos fiscales anticorrupción ingresaron durante la mañana con una orden judicial a las dos casas del expresidente en Lima. Una en el barrio más rico de Lima y otra en una zona de campo en la zona sur de la capital.

Los allanamientos de los fiscales están vinculados a la investigación a la que ahora está sometido Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 79 años.

El viernes el Congreso aceptó la renuncia de Kuczynski, quien dimitió acorralado por las acusaciones de sus nexos con la mencionada firma brasileña.

Kuczynski no podía ser investigado mientras era presidente, un cargo que ejerció por 20 meses desde el 28 de julio de 2016.
Las consecuencias del caso Odebrecht han provocado una ola de escándalos en Latinoamérica que han golpeado a las élites políticas.

En Perú los últimos cuatro presidentes desde 2001 están investigados: Ollanta Humala (2011-2016) está encarcelado y Alejandro Toledo (2001-2006) está fugado de la justicia.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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