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Política

“Layín” se benefició con $11 millones de programas sociales

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha otorgado a una empresa del alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, conocido como “Layín”, 11 millones de pesos, a través de créditos y subsidios.

El primer apoyo de recursos federales ocurrió poco después de que Layín, entonces impulsado por el PAN, ganara la alcaldía de San Blas. En 2010, Sagarpa le otorgó 4.4 millones de pesos para la “instalación del centro de acopio y empaque de mango en Huaristemba”.

De acuerdo con padrones de beneficiarios y tablas de asignaciones de programas oficiales, revisados por EL UNIVERSAL, la empacadora de Ramírez Villanueva siguió recibiendo apoyos federales en 2013 (más de 600 mil pesos), 2014 (5.3 millones) y 2015 (más de 500 mil).

A diferencia de emprendedores que demoran más de un año en conseguir permisos oficiales, el llamado “alcalde que roba poquito” cubrió desde el trámite hasta la instalación de su planta en cuatro meses.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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