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Lula recibe primera visita familiar desde su ingreso a prisión

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El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió este jueves la primera visita de su familia desde que ingresó en prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba para cumplir la pena de 12 años de cárcel por corrupción, informaron fuentes oficiales.

Algunos hijos y nietos llegaron en auto a las puertas de uno de los accesos del recinto y entraron a pie para visitar al ex presidente, recluido desde el sábado pasado en una celda de 15 metros cuadrados, señalaron fuentes de la Policía Federal.

Con ellos estaba Cristiano Zanin Martins, uno de los abogados del ex jefe de Estado, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y aún pretende presentarse a las elecciones presidenciales del próximo octubre.

Los presos en la sede policial de Curitiba solo pueden recibir visitas de sus familiares los miércoles, pero en este caso las autoridades decidieron trasladar al jueves la cita por «cuestiones de seguridad», indicaron las fuentes citadas.

Los familiares pueden llevar a los internos «ropas» y «algo de comer» previa fiscalización de los agentes de custodia que vigilan a la veintena de reclusos confinados en ese local, siete de ellos por el escándalo de corrupción destapado en la petrolera estatal Petrobras, por el que fue condenado el propio Lula.

El ex presidente ingresó en prisión en cumplimiento de la orden judicial dictada el pasado jueves por el juez federal Sérgio Moro, responsable de las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia.

Desde entonces, la Policía Militarizada ha instalado un perímetro de seguridad de unos 100 metros a cada lado de la sede policial y solo permite el acceso a moradores de la zona, personal autorizado, periodistas y personas que tengan cita para realizar algún trámite burocrático.

En uno de los extremos del perímetro, más de 500 simpatizantes del líder del Partido de los Trabajadores (PT) han erigido el campamento «Lula Libre» con perspectivas de permanecer allí hasta que sea liberado su líder.

Moro condenó a Lula el año pasado a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero tras dar por comprobado que el expresidente se benefició de las corruptelas en Petrobras por medio de la cesión de un lujoso apartamento en el litoral paulista.

Esa pena fue ratificada y ampliada en enero pasado hasta los 12 años y un mes de prisión por un tribunal de segunda instancia que determinó su ingreso en prisión una vez agotados todos los recursos en esa corte.

Lula, que encabeza todos los sondeos de cara a las elecciones del próximo octubre, acumula otros seis procesos penales abiertos en la Justicia, la mayoría por sospechas de corrupción.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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