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Política

Más dinero a estados con elecciones; recursos del Ramo 33

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Los 13 estados que tendrán elecciones en junio —en 12 se elegirá gobernador— recibirán este año más recursos federales que aquellas entidades que no van a las urnas.

En conjunto, recibirán 243 mil 493 millones de pesos en aportaciones federales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2016, lo que representa 40% del total de los recursos que el gobierno federal transferirá a estados y municipios a través del Ramo 33.

En promedio, cada habitante de esas entidades recibiría seis mil 197 pesos.

Al hacer el mismo ejercicio en estados que no van a tener procesos electorales se obtiene un promedio de cuatro mil 715 pesos por persona.

Esto significa que Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas obtendrán, en promedio, mil 482 pesos más por habitante, es decir, una cantidad 31% superior a la que se les otorgará a los pobladores de las entidades sin comicios.

De los estados con elecciones, los que más recursos recibirán de la Secretaría de Hacienda son los más poblados: Veracruz, 44 mil 707 millones de pesos; Oaxaca, 33 mil 842 millones y Puebla, 29 mil 862 millones.

Los que menos fondos tendrán son Tlaxcala, con ocho mil 98 millones de pesos y Aguascalientes, ocho mil 235 millones.

Para este año, las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 tienen una bolsa total de 616 mil 523 millones de pesos.

Dan más recursos a estados con comicios

Las aportaciones federales son para fortalecer programas de salud, educación, seguridad e infraestructura.

Las 13 entidades que tendrán comicios el 5 de junio (12 de las cuales elegirán gobernador) recibirán en 2016 más recursos federales que aquellas entidades que no van a las urnas.

En conjunto, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas tienen una población de 39.2 millones de habitantes, lo que equivale a 33% de los 118.3 millones de mexicanos, según datos del Inegi.

Esas 13 entidades recibirán 243 mil 493 millones de pesos en aportaciones federales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2016, lo que representa 40% del total de los recursos que el gobierno federal transferirá en 2016 a estados y municipios a través del Ramo 33.

Si se dividen los 243 mil 493 millones de pesos entre los habitantes de los estados donde habrá comicios, se obtiene un promedio de 6 mil 197 pesos por persona. En cambio, al hacer el mismo ejercicio en las entidades que no van a las urnas se obtiene un promedio de 4 mil 715 pesos por persona.

Esto significa que los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas obtendrán, en promedio, mil 482 pesos más por habitante, es decir, una cantidad 31% superior a la que les otorgará a los habitantes de las entidades sin comicios en 2016.

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero, seguridad pública, programas alimentarios, asistencia social e infraestructura educativa.

“Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben atender las necesidades de su población, buscando además, fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que conforman”, refiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, encargada de suministrar dichos recursos.

Para este año, el Ramo 33 consta de una bolsa de 616 mil 523 millones de pesos que se distribuyen de la siguiente manera: 343 mil 067 millones para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, 82 mil 445 millones para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 61 mil 501 para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y 62 mil 301 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Asimismo se canalizarán 19 mil 792 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones Múltiples, 7 mil millones para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 6 mil 373 millones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y 34 mil 40 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.

De las entidades que tendrán comicios, las que más recursos recibirán son las más pobladas: Veracruz, con 44 mil 707 millones de pesos, seguida de Oaxaca (33 mil 842 millones) y Puebla (29 mil 862 millones); en contraste, las que menos fondos federales obtendrán son las menos habitadas: Tlaxcala, con 8 mil 98 millones de pesos; Aguascalientes, con 8 mil 235 millones, y Zacatecas, con 10 mil 733 millones.

Los líderes de los grupos parlamentarios del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Francisco Martínez Neri, informaron ayer su decisión de entrar de lleno a la creación de las leyes secundarias para la lucha contra la corrupción.

Por medio de comunicados de prensa por separado, ambos líderes coincidieron en la necesidad de abordar todos los temas que cierren el paso a la corrupción.

Marko Cortés dijo que el PAN se declara dispuesto para aprobar este año el paquete de iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción, porque es la demanda más sentida de la población para poner freno a los excesos y falta de rendición de cuentas en la administración pública, incluyendo los tres órdenes de gobierno.

El armado legal que integra el paquete de leyes secundarias está conformado, entre otras, por la reforma constitucional sobre fuero, la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República, la reforma al Código Penal Federal, la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dijo.

En tanto, Francisco Martínez Neri recordó que “corresponde a esta Legislatura establecer la normatividad que permita la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Los diputados tenemos unos cuantos meses para cumplir con ese mandato establecido en nuestra Carta Magna y hacerlo con un modelo de parlamento abierto, con el estudio riguroso de los temas que conlleva, de cara a la sociedad y a los organismos que han impulsado, desde muchos años, estos temas, resultan una propuesta de avanzada con la que el PRD simpatiza”.

Excelsior

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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