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Política

‘Mátenme, no me encarcelen’: Duterte en La Haya

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo investiga por crímenes contra la humanidad, y sostuvo que prefiere enfrentar un pelotón de fusilamiento antes que ser encarcelado.

Sin embargo, Duterte conocido por desafiar las presiones internacionales, cuestionó si la CPI tiene jurisdicción para procesarlo por la muerte de miles de filipinos en su guerra contra las drogas. Negó incluso haber dado una orden a la policía para matar a sospechosos de tráfico.

El fiscal de la CPI Fatou Bensouda dijo este jueves que un examen preliminar de la campaña de Duterte busca establecer si existe jurisdicción y si se cometieron crímenes contra la humanidad.

«Pediría el raro privilegio de hablar con usted. Sólo nosotros dos en el cuarto», dijo Duterte durante una rueda de prensa aludiendo a Bensouda.

«Háganlo. Si quieren declararme culpable, sigan adelante. Que así sea. Encuentren un país donde maten gente con un pelotón de fusilamiento y estoy listo», declaró.

Unos 4 mil filipinos, principalmente habitantes pobres de la ciudad, han muerto a manos de la policía en una campaña promovida por Duterte que ha alarmado a la comunidad internacional.

Activistas consideran que la cifra de muertos es mucho más alta y acusan a la policía de encubrimientos sistemáticos y ejecuciones. La fuerza y el gobierno desestiman esas acusaciones.

El examen es el primer paso formal que un fiscal de la CPI da para considerar si una situación en un estado miembro podría eventualmente llevar a la formulación de acusaciones, en un proceso que puede tomar años. Es fundamental determinar si la corte tiene jurisdicción, ya que sólo puede realizar juicios cuando el propio estado miembro no lo ha hecho.

Política

PAN critica a gobernador de BCS por propuestas de estatización bancaria

PAN critica a gobernador de BCS por propuestas de estatización bancaria

El diputado Héctor Saúl Téllez, responsable del área económica de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), calificó de “irresponsables” las declaraciones del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, quien sugirió la posibilidad de estatizar la banca en el estado. Téllez argumentó que Castro no presentó un plan concreto, sino que realizó una amenaza disfrazada de doctrina, al proponer que el Estado “vaya quitándole lo privatizado” y que los bancos “vuelvan a ser nacionales”.

El legislador criticó que el mandatario estatal, perteneciente al partido Morena, no contara con facultades para llevar a cabo tales acciones, ni presentara cifras o un esquema de financiamiento. “Es toda una irresponsabilidad del gobernador”, afirmó Téllez, quien también destacó la contradicción en las acciones del gobierno, que se sienta a dialogar con los bancos mientras al mismo tiempo plantea la expropiación de estos.

“Es el representante de un gobierno que, cada diciembre, pide cientos de millones de pesos a la banca comercial para tapar su falta de liquidez, y ahora sueña con estatizar a su propio acreedor”, criticó el diputado. Téllez expresó su preocupación por el mensaje que se envía a los inversionistas y al sector turístico, fundamentales para la economía de Baja California Sur, al mencionar la posibilidad de “apropiar” bienes.

El parlamentario recordó que en 1982 se llevó a cabo una estatización de la banca que resultó en un fracaso, dejando al Estado con deudas y propiedades que posteriormente tuvieron que ser reprivatizadas. “Castro evoca ese fracaso, como si fuera un pendiente heroico”, lamentó Téllez, quien también subrayó que la Constitución mexicana, en su artículo 28, impide la nacionalización de la banca sin una reforma previa.

Las declaraciones del gobernador han generado un amplio debate sobre el futuro de la economía en Baja California Sur y la viabilidad de sus propuestas, en un contexto donde la inversión y el turismo son pilares fundamentales para el desarrollo del estado.

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