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Política

‘Mátenme, no me encarcelen’: Duterte en La Haya

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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo investiga por crímenes contra la humanidad, y sostuvo que prefiere enfrentar un pelotón de fusilamiento antes que ser encarcelado.

Sin embargo, Duterte conocido por desafiar las presiones internacionales, cuestionó si la CPI tiene jurisdicción para procesarlo por la muerte de miles de filipinos en su guerra contra las drogas. Negó incluso haber dado una orden a la policía para matar a sospechosos de tráfico.

El fiscal de la CPI Fatou Bensouda dijo este jueves que un examen preliminar de la campaña de Duterte busca establecer si existe jurisdicción y si se cometieron crímenes contra la humanidad.

«Pediría el raro privilegio de hablar con usted. Sólo nosotros dos en el cuarto», dijo Duterte durante una rueda de prensa aludiendo a Bensouda.

«Háganlo. Si quieren declararme culpable, sigan adelante. Que así sea. Encuentren un país donde maten gente con un pelotón de fusilamiento y estoy listo», declaró.

Unos 4 mil filipinos, principalmente habitantes pobres de la ciudad, han muerto a manos de la policía en una campaña promovida por Duterte que ha alarmado a la comunidad internacional.

Activistas consideran que la cifra de muertos es mucho más alta y acusan a la policía de encubrimientos sistemáticos y ejecuciones. La fuerza y el gobierno desestiman esas acusaciones.

El examen es el primer paso formal que un fiscal de la CPI da para considerar si una situación en un estado miembro podría eventualmente llevar a la formulación de acusaciones, en un proceso que puede tomar años. Es fundamental determinar si la corte tiene jurisdicción, ya que sólo puede realizar juicios cuando el propio estado miembro no lo ha hecho.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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