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Mujer es arrestada por torturar y maltratar a sus diez hijos

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Una madre de diez hijos fue ingresada hoy en una prisión local luego de que la Fiscalía del Condado de Sonoma, al norte de California, Estados Unidos, la acusará formalmente de nueve cargos por golpear y torturar a los menores.

Ina Rogers, de 31 años, compareció hoy en la corte y se le fijó una fianza de 495 mil dólares, además de presentársele los nueve cargos debido a los maltratos que propinó a sus hijos, con edades comprendidas entre los 4 meses y 12 años de edad.

El caso salió a la luz cuando las autoridades respondieron a una llamada por la desaparición del hijo mayor y que dio pie el lunes a la detención por negligencia de la mujer, que fue liberada tras pagar una fianza de 10 mil dólares, así como de su esposo y padre de los hijos, Jonathan Allen, de 29 años.

De acuerdo a la Fiscalía, los agentes encontraron en la vivienda familiar ubicada en Fairfield, al noreste de San Francisco, a los pequeños con heridas y cicatrices producidas por armas punzantes, así como quemaduras y hematomas a causa de disparos con pistolas de perdigones.

La Fiscalía asegura que los niños, hallados en la sala de la casa regada de «inmundicia» y heces, fueron sometidos a la tortura, ahogamiento simulado, entre otros castigos.

Sharon Henry, vicefiscal del Condado, dijo incluso que los menores fueron torturados «con fines sádicos».

El hombre, al que se le impuso una fianza de 5,2 millones de dólares, se declaró el martes no culpable de al menos siete cargos graves de tortura en contra de niños y nueve cargos de abuso infantil y poner en riesgo la vida de los menores.

La acusaciones a la pareja se da cinco meses después de que las autoridades del sur de California arrestaran a los esposos David y Louise Turpin, acusados de maltratar y mantener secuestrados a sus 13 hijos en su hogar.

Ina Rogers y Jonathan Allen comparecerán de nuevo en la corte el próximo 24 de mayo.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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